El Ministerio Público da carpetazo a las denuncias del Defensor del Paciente, IU y Adelante Andalucía contra dos exconsejeras de Salud y la gerente del SAS al no detectar “indicios delictivos”, pero remite las denuncias de 16 mujeres a las fiscalías provinciales para continuar con la investigación.
El archivo de las querellas contra las exconsejeras de Salud y la gerente del SAS es muy discutible porque, pese a reconocer irregularidades en un programa que afectó a 2.317 mujeres, se niega a ver un patrón sistémico y solo remite 16 casos individuales a las fiscalías provinciales. En un programa poblacional de cribado, fallos masivos de seguimiento, registro y comunicación no son errores clínicos aislados, sino posibles fallos estructurales que pueden constituir delitos (prevaricación, omisión del deber de perseguir, lesiones u homicidio imprudente) imputables a quienes diseñan y controlan el sistema. Un ejemplo: no revisar sistemáticamente estudios no concluyentes y no informar a las pacientes no es un despiste de un médico, sino un defecto de diseño y control atribuible a la cúpula gestora.
Es criticable que la Fiscalía niegue la existencia de un patrón común cuando las deficiencias son idénticas (pruebas no revisadas, falta de seguimiento, ausencia de comunicación y retrasos de años), precisamente lo que obliga a mirar hacia arriba en la cadena de mando. Al limitar la investigación a las 16 denunciantes, se trocea el problema y se dificulta reconstruir la responsabilidad estructural de la Administración y sus altos cargos. Que para esa decisión se invoque la intimidad y la protección de datos para rechazar una investigación más amplia es muy cuestionable, porque hay que recordar que la propia Fiscalía dispone de instrumentos para investigar con garantías sin vulnerar los derechos de las mujeres que no han denunciado.
Nuestra Justicia se cubre de gloria cuando el investigado es glorioso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario