Pocas causas reúnen tanta hipocresía global como la que sufre Cuba. Mientras en los foros internacionales se habla de derechos humanos y cooperación, el pueblo cubano sigue condenado a una escasez impuesta, metódica y calculada desde hace más de seis décadas. No es una metáfora ni una exageración retórica: el embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos constituye un castigo colectivo que bordea, como afirman los juristas de la ONU, la definición de crimen de lesa humanidad.
Se denuncia con dolor el hambre, la falta de medicamentos y las incubadoras apagadas. Este texto no es un panfleto, sino una exposición pública del daño estructural que padece toda una nación por decisión política ajena a sus fronteras. Desde 1962, el bloqueo ha evolucionado hasta convertirse en una red legal totalizadora. Hoy impide transacciones bancarias, prohíbe a terceros países comerciar libremente con La Habana y penaliza a empresas por realizar operaciones legítimas. En 2024, las pérdidas acumuladas superaban los 160.000 millones de dólares, según cifras de Naciones Unidas; cada año la Asamblea General vota, casi por unanimidad, por su fin, y cada año Washington ignora la resolución.
En el terreno humano, las consecuencias son brutales. Según el Ministerio de Salud Pública de Cuba, más del 80 % de los medicamentos esenciales requieren algún componente que debe importarse. Las sanciones estadounidenses impiden acceder incluso a fármacos de origen europeo si contienen patentes o materiales estadounidenses. Lo mismo ocurre con equipos hospitalarios, piezas de automoción o simples jeringas. En hospitales pediátricos y maternidades se han informado interrupciones en servicios por falta de combustible o repuestos: la política sancionadora llega hasta las incubadoras.
En el ámbito alimentario, la Oficina de Planificación de la ONU para el Desarrollo (PNUD) ha documentado que las restricciones financieras y de transporte encarecen hasta un 30 % el costo de los productos importados, afectando la disponibilidad de productos básicos. Se llama “medidas coercitivas unilaterales”, pero su resultado son abuelos sin tratamiento, madres en lista de espera, niños con hambre.
El mayor daño, sin embargo, no proviene sólo de Washington, sino del silencio de quienes, en nombre del pragmatismo o la “transición democrática”, callan ante la evidencia. El bloqueo no castiga a un gobierno: castiga a su pueblo y condiciona cualquier posibilidad de reforma estructural. Convertido en herramienta electoral en el Estado de Florida, el embargo sobrevive por cálculo político y prejuicio ideológico, no por eficacia ni justicia.
Mientras tanto, los mismos países que sancionan a Cuba aceptan relaciones plenas con estados donde los derechos civiles son mucho más restringidos. ¿Qué explica esa incoherencia? Tal vez que Cuba, con todos sus errores, simboliza todavía la idea intolerable de que un pequeño país puede sostener su soberanía frente al vecino más poderoso del planeta.
Los cubanos no quieren caridad, quieren que los dejen vivir en su isla; es una más de todas las sociedades que sufren sanciones como forma de guerra. Cada generación repite la misma pregunta que resume esta tragedia: ¿qué legitimidad tiene una democracia que, en nombre de la libertad, impone hambre a los pueblos que disienten de su modelo?
Terminarlo sería un gesto mínimo de coherencia para un mundo que dice defender la dignidad humana, pero que la somete cada día.
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