Hay que empezar a desmontar el bulo de que la legislación actual, o la "Agenda 2030", prohíbe la gestión forestal. La Ley 43/2003 de Montes (y su reforma de 2015 con la Ley 21/2015) consolida legalmente la función social, económica y ecológica del monte. Que la extrema derecha atribuya el abandono del monte a mandatos "ecologistas radicalizados" es un ejercicio claro de desinformación estratégica para capitalizar el malestar rural. El hecho de que ambas normas o sus grandes reformas llevaran la firma del PP demuestra que la estructura marco de la gestión forestal en España responde a un consenso institucional histórico, no a un "delirio verde" reciente. Cargar contra la Agenda 2030 es buscar un enemigo externo abstracto para eludir responsabilidades de gestión cotidiana.
Acumular materia orgánica (hojarasca, madera muerta) es vital para el ciclo de nutrientes, la biodiversidad y la retención de agua. No todo el sotobosque debe eliminarse. Lo que técnicamente debe hacerse no es "limpieza", sino control de la vegetación e intervenciones de silvicultura preventiva (claras, desbroces selectivos, astillado) para reducir la carga de combustible y romper la continuidad vertical y horizontal que alimenta los incendios de gran escala. Aunque la ley impone la obligación de mantener los terrenos en buen estado a los propietarios (el 70% del monte en España es privado), la rentabilidad silvícola es casi nula. Un pequeño propietario no va a invertir miles de euros en un desbroce si la madera o la biomasa no valen nada en el mercado. La ley obliga, pero el mercado y la economía rural lo estrangulan e impiden.
Al estar la competencia forestal transferida, las autonómicas son las encargadas de agilizar las autorizaciones (planes de dasocracia, permisos de desbroce, aprovechamientos). Cuando la tramitación administrativa tarda un año para un aprovechamiento menor, la administración no está protegiendo el monte, está desincentivando su gestión.
El abandono forestal en España no es fruto de ninguna ley ni de la Agenda 2030, sino del éxodo rural y la falta de rentabilidad económica de la silvicultura tradicional. Desmontar el relato populista es el primer paso; el segundo es financiar y planificar la gestión del territorio como una verdadera política de Estado.
La solución no pasa por desmantelar la regulación ambiental ni por dejar el monte a la deriva del libre mercado, sino por:
1. Servicios Públicos Forestales fuertes: Dotar de personal técnico y agentes forestales a las administraciones autonómicas para resolver expedientes con agilidad.
2. Pago por Servicios Ambientales (PSA): Si un monte gestionado evita incendios, fija carbono y retiene agua para toda la sociedad, la sociedad (vía Estado) debe remunerar esa gestión al propietario o a las comunidades locales.
3. Fomento de la bioeconomía rural: Incentivar el uso de biomasa forestal local, la madera estructural, el pastoreo extensivo (ganadería bombero) y la resina. El monte no se quema cuando tiene valor económico socialmente distribuido.
Esperemos que empiece a mejorar la situación hoy domingo.
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