La pregunta no es nueva, ¿Por qué todos los denunciados son personas con ideas progresistas? Si alguien conoce a algún tuitero o "tertuliano" que, por más ideas de odio que transmita o amenace de muerte a otros, haya sido llamado a declarar o se haya admitido a trámite una denuncia en su contra.
Uno intenta siempre hacer el análisis desde la lógica y huir de la víscera, pero cuando los datos, las notificaciones judiciales y el goteo constante de citaciones apuntan siempre en la misma dirección, ser objetivo obliga a señalar el elefante en la habitación: el debate público y el aparato judicial no son campos de juego neutrales.
Existe una asimetría flagrante en el castigo de la disidencia política. Mientras el activismo de izquierdas, el humor satírico y la crítica punzante a las instituciones (como la monarquía o la Iglesia) se persiguen como si hubiese vuelto la Inquisición o nunca se hubiese ido, un celo inquisitorial disfrazado de tipos penales ambiguos ("delitos de odio", "injurias a la Corona"), la extrema derecha goza de barra libre, una impunidad casi constitucional. ¿Por qué ocurre esto? porque la ley penal tiende a proteger el statu quo.
Cuando un tuitero o un tertuliano de derechas vierte discursos de odio contra inmigrantes, personas trans o militantes de izquierda, no está desafiando las estructuras de poder; las está apuntalando. Su violencia verbal es funcional al sistema porque desvía la atención de las élites hacia los eslabones más débiles de la sociedad. Por eso, para gran parte de la judicatura (que comparte un sesgo sociológico marcadamente conservador), esas salvajadas se amparan bajo el sagrado manto de la "libertad de expresión". Son leídas como meros excesos verbales o provocaciones aceptables en democracia.
En cambio, cuando la crítica viene desde el progresismo y cuestiona los pilares del régimen como la precariedad laboral, la corrupción institucional, el racismo sistémico, deja de ser vista como "opinión" y pasa a ser catalogada como una "amenaza al orden público". La maquinaria legal se activa entonces no para hacer justicia, sino para ejercer un efecto disuasorio: el llamado efecto desaliento. El objetivo no es solo condenar a un activista o a un cómico en concreto; es enviar un mensaje de advertencia a toda la base social: "Cuidado con lo que dices, porque el siguiente puedes ser tú".
Estamos contemplando una perversión absoluta del concepto original de los "delitos de odio", que nacieron para proteger a minorías vulnerables y colectivos históricamente oprimidos. Hoy, mediante una pirueta jurídica, absolutamente perversa, vemos cómo se utilizan para proteger a instituciones poderosas (cuerpos policiales, monarquías, partidos hegemónicos) frente a la crítica ciudadana.
La admisión a trámite sistemática de querellas ultra contra creadores de contenido o analistas de izquierdas, contrapuesta al archivo inmediato de las amenazas de muerte reales sufridas por militantes progresistas, demuestra que sufrimos una justicia de dos velocidades. Una que es quirúrgica y punitiva contra los avances sociales, y otra que es ciega, sorda y muda ante el fascismo cotidiano de los platós de televisión y las redes.
Se está minando la libertad de expresión, pero la de un solo lado del espectro político. Eso no es aplicar la ley; es utilizar el derecho penal como un arma de guerra política (lawfare). Y una democracia que solo permite ladrar a los perros del sistema mientras amordaza a quienes proponen transformarlo, empieza a parecerse a cualquier cosa menos a una democracia real.
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