Los datos disponibles de finales de junio y principios de julio de 2026 sirven para desmontar contundentemente varias afirmaciones falsas y bulos lanzados por Alberto Núñez Feijóo sobre la migración y el proceso de regularización extraordinaria en España.
Para ello, utiliza datos erróneos, criminaliza a los migrantes, la confusión de conceptos legales y la manipulación de cifras de solicitudes. Las principales falsedades que se pueden desmontar son las siguientes:
Feijóo afirmó públicamente que el Gobierno "va a regularizar con informes policiales con antecedentes policiales a ese inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano".
Falso: Equipara tener "antecedentes policiales" con ser un delincuente convicto (abuso o robo).
Dato real: Los antecedentes policiales recogen identificaciones, detenciones o investigaciones previas de la policía que pueden quedar en nada si son archivadas por un juez. Para la regularización es obligatorio por ley carecer de antecedentes penales (condenas firmes). Si una persona ha delinquido y ha sido condenada por robo o abuso, tiene antecedentes penales, por lo que su regularización queda automáticamente denegada.
En sus declaraciones de hoy mismo, 2 de julio, don Alberto atacó los procesos asegurando de forma alarmista que "nos hemos enterado de que el número de solicitudes [de la llamada ley de nietos] es de 2.600.000" y que, sumando otros procesos, España recibiría "7 u 8 millones de ciudadanos en 7 años", concluyendo que "no hay país que lo resista".
Falso: Hincha deliberadamente el impacto real del proceso confundiendo solicitudes genéricas con concesiones efectivas de personas que vayan a mudarse a España de inmediato.
Dato real: Gran parte de los solicitantes bajo la Ley de Memoria Democrática ("ley de nietos") ya residen en sus países de origen en Latinoamérica y no supone una oleada migratoria física inmediata de millones de personas como pretende sugerir. Además, medios de verificación recuerdan la contradicción hemerográfica del líder del PP, quien en 2022 (durante un viaje a Argentina) defendía firmemente una ley de nacionalidad para los descendientes de españoles sin trabas ideológicas.
Feijóo también ha utilizado la reciente decisión del Tribunal Supremo de proponer una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como si fuese una confirmación de que la regularización extraordinaria española vulnera el marco de la UE.
Falso: Presenta una duda judicial de encaje normativo, como una ilegalidad o un freno definitivo a la regularización.
Dato real: El Alto Tribunal no ha prohibido el mecanismo, simplemente ha planteado consultar al TJUE para asegurarse de si el proceso extraordinario impulsado en el Congreso cumple de forma estricta con las directivas comunitarias.
El proceso de regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros que culminó en estas fechas nació de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada originalmente por la Iglesia y colectivos sociales, y fue apoyada en el Congreso por casi todo el arco parlamentario (incluido el propio Partido Popular), con la única excepción de Vox.
Feijóo ha mezclado todo para engañarnos. ¿Habrá desmentido?
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