La derecha madrileña se ha instalado en la política del espectáculo. Parece ser que la memoria es el enemigo a batir y la coherencia es un lujo prescindible. Hoy asistimos a un nuevo capítulo de indignación impostada por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a cuenta de un tuit del ministro de Transportes. Decía el ministro una verdad de a perra chica: que no se puede desmantelar el Estado fiscalmente, perdonar impuestos a las rentas más altas y reducir el presupuesto de los servicios públicos esenciales, como la prevención de incendios o la protección civil, para, a la primera catástrofe, exigir desesperadamente el auxilio y los recursos del Estado central.
La reacción de Ayuso no se ha hecho esperar y ha sido la previsible: rasgarse las vestiduras, tachar la reflexión de "miserable" y erigirse una vez más en víctima de una conspiración sanchista. Sin embargo, la sobre actuación, poniéndose Ayuso tan digna, no logra tapar la grieta fundamental de su discurso.
Lo que Puente ha puesto sobre la mesa no es un ataque gratuito, sino una contradicción estructural del modelo ultraliberal que encarna el PP de Madrid: la paradoja de querer un "Estado mínimo" para pagar impuestos, pero un "Estado máximo" para asumir las facturas cuando la realidad golpea.
Lo verdaderamente hiriente del rasgado de vestiduras de la baronesa madrileña no es solo la inconsistencia económica, sino la colosal amnesia selectiva de su partido. ¿Con qué autoridad moral denuncia el PP la "politización" de una emergencia? La hemeroteca no miente y deja al descubierto la doble vara de medir con la que Miguel Tellado, Alberto Núñez Feijóo y la propia Díaz Ayuso operan sistemáticamente.
Recordemos la trágica DANA de Valencia. Mientras los ríos de barro aún anegaban municipios enteros y los servicios de emergencia intentaban gestionar el colapso, la cúpula del PP, con Miguel Tellado al frente, no tardó ni 24 horas en poner en marcha la maquinaria de erosión política. La consigna fue clara: disparar contra la AEMET, cuestionar a la Confederación Hidrográfica del Júcar y desviar desesperadamente el tiro del Consell de Carlos Mazón hacia el Ministerio para la Transición Ecológica. Para el PP, en Valencia la responsabilidad no era de la gestión autonómica; era del Estado.
Volvamos a la pandemia de 2020. En el momento de mayor vulnerabilidad colectiva de nuestra historia reciente, Ayuso convirtió el Mando Único del Estado de Alarma en una trinchera electoral. Acusó al Gobierno central de "atacar a Madrid", tildó las medidas sanitarias de "dictatoriales" y convirtió el hospital de pandemias en un plató de televisión mientras su partido boicoteaba la llegada de fondos europeos o recurría el Estado de Alarma al Tribunal Constitucional.
O repasemos el historial de incendios forestales en Castilla y León o Galicia. Cuando las llamas queman los montes de regiones gobernadas por la derecha, la culpa jamás es de los recortes en las brigadas forestales autonómicas ni de la precarización del personal de prevención. La culpa, según el manual del PP, es siempre del "ecologismo radical" del Ministerio o de la supuesta lentitud de La Moncloa para enviar la UME o los medios aéreos.
El patrón es tan evidente que resulta sonrojante: cuando gobiernan y las cosas salen mal, la culpa es de la falta de ayuda del Estado central. Cuando el Estado central advierte que la solidaridad nacional no puede ser la coartada para que las autonomías del PP practiquen el dumping fiscal a favor de los grandes patrimonios, entonces el Estado es "desleal" e "insolidario".
El tuit de Óscar Puente podrá ser inoportuno, gustar más o menos en las formas, pero no se puede negar que señala el nervio central del debate político contemporáneo: la justicia fiscal no es un capricho ideológico, es la garantía de la seguridad ciudadana. No se puede vaciar la caja común para hacerle regalos a las élites económicas y pretender que el resto de los contribuyentes españoles financien los parches de la falta de previsión.
La indignación de Ayuso no es por el tono ni por la oportunidad del comentario. Le indigna que le recuerden que las decisiones políticas tienen consecuencias, y que el modelo de "libertad" sin impuestos es, en realidad, un modelo de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas.
No estaría mal que después de pasar esta tragedia, la derecha se retire al rincón de pensar y vean que dedicar recursos a financiar corridas de toros, mata toros, pero también personas, aunque ahora nos digan que lo que importa son las vidas humanas. Las vidas humanas son lo primero siempre, no solo hoy.
Empecemos por reconocer la labor de todos los que están trabajando contra esta emergencia, y esperemos a que pase todo para poner a cada uno en su sitio. Pero eso no es óbice para que nos planteemos que lo primero que hay que garantizar son los servicios públicos y luego si sobra, los ideológicos.
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