Hay decisiones políticas que trascienden el mero debate ideológico para convertirse de lleno en parte del cinismo institucional. El reciente rechazo del Partido Popular y Vox en el Congreso a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad es una de ellas. No estamos ante una discrepancia técnica sobre la gestión pública; estamos ante una pirueta política que retrata la alarmante deriva de una oposición dispuesta a prender fuego a los pilares del Estado del bienestar con tal de arañar un titular de desgaste contra el Gobierno de coalición.
El núcleo del asunto es de una incoherencia flagrante. Durante años, los barones del Partido Popular han repetido como un mantra, la necesidad de que la Administración General del Estado cofinancie el 50% del sistema de dependencia, tal como sugería el espíritu original de la ley. Sin embargo, cuando el legislador atiende esta demanda histórica e incorpora por ley la obligación de blindar ese 50% de financiación estatal, acompañada de una inyección inmediata de 6.200 millones de euros, el PP vota en contra.
¿Cómo se explica que un partido vote sistemáticamente en contra de lo que sus propios consejeros autonómicos exigen en público?
La respuesta no es el despiste, sino una calculada y macabra estrategia de asfixia institucional. Para la derecha española, el Estado de las Autonomías se ha convertido en una herramienta asimétrica: sirve para ejercer la contraposición permanente contra el poder central, pero no para asumir la responsabilidad de proteger a los más vulnerables. Prefieren rechazar fondos finalistas estatales, como ya hicieron en Galicia devolviendo millones destinados a plazas de educación infantil pública, porque la fiscalización les incomoda. El modelo de la derecha neoliberal prefiere la opacidad del "búscate la vida" antes que someterse al control de unas cuentas públicas que demuestren que el dinero de los dependientes debe ir, efectivamente, a los dependientes.
Las comunidades autónomas son la trinchera más cercana al ciudadano, pero bajo la gestión de la derecha se están convirtiendo en laboratorios de desmantelamiento de lo común. Rechazar financiación para la dependencia es, en la práctica, forzar el colapso del sistema para luego culpar al Gobierno central de la falta de recursos.
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