Hubo un tiempo en que la política y la vida pública se regían por un código no escrito de mínimos exigibles. Un tiempo en el que la sospecha fundada de corrupción generaba ostracismo, la ordinariez institucional provocaba sonrojo y la mentira conllevaba un coste social. Hoy, ese tiempo ya es una reliquia de la arqueología. Ven las pantallas televisivas o las redes sociales dan muestra a cada momento de lo que afirmo.
Nos hemos adentrado en una era de anestesia moral colectiva donde la verdad ya no es un valor, sino un estorbo, y donde el rival político no es un adversario que batir con argumentos, sino un enemigo a destruir por cualquier medio. Los ejemplos de esta deriva salpican la crónica diaria sin distinción de ámbitos.
Asistimos atónitos a la paradoja de ver a personajes vinculados a tramas de corrupción, como Víctor de Aldama, condenados o severamente señalados por la justicia, pasearse por platós de televisión o discotecas siendo jaleados como héroes contraculturales o ídolos de masas, permitiendo que el relato del "pícaro" o el "rebelde" o el “malote” sepulte la gravedad del saqueo de fondos públicos.
En paralelo, la crispación salta de las instituciones al césped: la celebración de un éxito deportivo, como el ascenso del CE Sabadell, se convierte desde un balcón municipal en un foro para que un deportista profesional instigue al insulto grueso ("hijo de puta") hacia el presidente del Gobierno, jaleado por la masa. El respeto institucional ha sido devorado por el hooliganismo.
Al mismo tiempo, los portavoces de la oposición y de partidos rivales no dudan en emitir sentencias condenatorias definitivas basándose únicamente en informes preliminares de la UCO, obviando la presunción de inocencia cuando el investigado viste la camiseta contraria. Si el investigado es "de los nuestros", es una víctima de una persecución política; si es "de los otros", el informe policial es una verdad jurídica incuestionable.
La doble vara de medir se ha blindado en los cuartos de guerra de los partidos. En Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso convive con el escándalo de su pareja, investigado y procesado por fraude fiscal, residiendo en un piso presuntamente costeado con esos fondos, mientras una parte considerable de su electorado premia su agresividad política con aplausos y mayorías.
La hemeroteca reciente es un cementerio de coherencia. No hay que viajar muy atrás para recordar cómo la filtración de audios del excomisario Villarejo, que evidenciaban la fabricación de pruebas falsas contra rivales políticos por parte de las cloacas del Estado, fue minimizada por media España mientras la otra media ponía el grito en el cielo. Para la oposición todo lo que haga el gobierno, incluso incrementar los fondos para la dependencia, lo tilda de traición a la patria.
El diagnóstico de esta sintomatología es claro: la polarización extrema ha vaciado de contenido los principios. La verdad ya no importa; lo único que importa es el impacto del relato. Si un dato beneficia a mi bloque, se sacraliza; si lo perjudica, se califica de fake news o conspiración. Hemos asumido que el fin justifica los medios y que el castigo penal o administrativo es secundario si el "nuestro" consigue lo que pretenda, si es bueno o malo para la mayoría de los ciudadanos, no importa en absoluto.
La conclusión de este escenario es tan desoladora como evidente. Vivimos en un país donde la masa social e institucional ya no tiene escrúpulos de nada. Cuando la ética se subordina a la ideología, la sociedad civil renuncia a su papel de juez crítico y se convierte en mero cómplice.
Al perdonar la amoralidad de los nuestros para evitar el triunfo del rival, no estamos salvando un modelo de país: estamos cavando la fosa de su calidad democrática. Sufrimos anestesia moral.
Buenas noches.
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