En el inventario de la degradación política española se ha cruzado un nuevo umbral. Cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, tacha públicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "desequilibrado mentalmente", llegando a calificarlo de "psicópata" o "loco al volante", el debate público abandona la confrontación ideológica para adentrarse formalmente en el peligroso terreno de la deshumanización.
En cualquier democracia sana, la crítica implacable al poder es un deber higiénico. Se puede y se debe fiscalizar con dureza la Ley de Amnistía, cuestionar los pactos de legislatura, criticar la gestión económica o afear los evidentes giros de guion del jefe del Ejecutivo. Esa es la esencia del juego parlamentario: discutir los decretos, las acciones y la idoneidad política de quien gobierna.
Sin embargo, el salto retórico que introduce Abascal es de otra naturaleza. Al desplazar la crítica desde las decisiones políticas hacia la salud mental del adversario, no se busca rebatir un argumento, sino anular la condición misma del rival como interlocutor válido. Reducir al presidente a la categoría de "enfermo" o "anomalía psicológica" persigue un fin perverso: convencer al electorado de que con él es imposible dialogar, pactar o convivir; que al "enemigo" no hay que ganarle en las urnas, sino extirparlo del mapa político.
Esta patologización del contrincante es la herramienta predilecta de la polarización extrema. Al despojar a Sánchez de su legitimidad moral e incluso de su raciocinio básico, se dinamitan los puentes mínimos para el entendimiento institucional. Si el inquilino de la Moncloa es un "loco", cualquier acuerdo de Estado se vuelve, a ojos de los ciudadanos, una traición.
La deshumanización de la política funciona como una trampa simétrica. Quien recurre al insulto clínico para destruir la dignidad del adversario termina por envilecer el propio sistema que le da voz. Cuando la palabra política se satura de diagnósticos de trinchera, la democracia pierde la cordura.
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