Lo que estamos viendo en las calles de España no es una suma de episodios aislados, sino un patrón inquietante que apunta directamente al corazón del sistema democrático. La actuación policial reciente en Bilbao contra miembros de la flotilla por Gaza, así como la respuesta en Valencia contra una manifestante pacifica durante la manifestación en defensa de la educación pública, contrastan de forma demasiado evidente con la actitud mostrada ante protestas frente a Ferraz o en las inmediaciones de La Moncloa. Y ese contraste no es aceptable en un Estado de derecho.
En Bilbao, las imágenes hablan por sí solas: intervenciones duras, tensión elevada y una sensación de desproporción que no puede despacharse con explicaciones genéricas. En Valencia, el guion se repite: presión policial significativa ante una movilización que, en esencia, apelaba a un derecho básico como es la defensa de lo público, y una agresión a una manifestante que no estaba violentando nada. En ambos casos, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue clara: contundencia.
Sin embargo, cuando las protestas se sitúan frente a centros de poder político concretos y con un signo ideológico distinto, la respuesta cambia de manera llamativa. En Ferraz o en el entorno de La Moncloa, la actuación policial ha sido, en términos generales, mucho más contenida, casi de colegas con los manifestantes, incluso en situaciones de alta tensión. No se trata de percepciones aisladas, sino de una evidencia acumulada que alimenta una pregunta incómoda: ¿se está aplicando la ley de orden público con criterios políticos?
Un Estado de derecho no puede permitirse esa sombra de duda. La legitimidad de las instituciones no se sostiene únicamente en la legalidad de sus actos, sino en su apariencia de imparcialidad. Cuando esa imparcialidad se quiebra, o peor aún, cuando parece selectiva, el daño es profundo y duradero.
Este no es un reproche menor ni coyuntural. Es una advertencia seria. Si la gestión del orden público se percibe como dependiente del contenido o la dirección de la protesta, se abre la puerta a una degradación peligrosa de las garantías democráticas. Hoy son unas manifestaciones; mañana puede ser cualquier otra expresión de disenso.
Por eso, la responsabilidad política es ineludible. El Ministerio del Interior no puede limitarse a justificar operativos concretos sin abordar el problema de fondo: la coherencia. O se actúa con los mismos criterios en todos los casos, o se estará enviando el mensaje de que la ley no es igual para todos.
Y en una democracia madura, ese mensaje no es solo inaceptable: es profundamente corrosivo. Porque cuando los ciudadanos empiezan a creer que sus derechos dependen de a quién incomodan, lo que se resiente no es solo la confianza en la policía, sino en el propio sistema.
Buena tarde.
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