Como era de esperar, y quien se sorprendiese es que no sabe de qué va esto, ayer asistimos a la traca final del fiestón de un juez pasado de vueltas. Ya antes de que llegaran los invitados, le pidió una pena mayor que por matar a alguien, al día siguiente. Le imputa dos delitos más, luego rectifica y dice que se ha equivocado, y cinco días después decide retirar el pasaporte no vaya a ser que la investigada se fugue. Todo para el regocijo de los Feijo, Tellado, Bendodo y el resto de los buitres del clan, popular que no esperan a la sentencia porque tienen prisa por llegar a misa a cumplir con las recomendaciones del Papa. No es raro que en el fin de fiestas alguien cometa excesos por ir puesto de más.
Esta mañana no se si voy a columpiarme con esta opinión, aunque me gustaría estar profetizando. Desde mi perspectiva de análisis social, el acoso judicial y mediático contra el entorno del presidente del Gobierno no puede percibirse como una fiscalización legítima del poder, sino como un verdadero acoso y derribo, un caso paradigmático de lo que es una guerra jurídica, el lawfare como ahora le llaman.
La clave de porque afirmo esto es que, al carecer el auto de una base delictiva sólida y constatable, la instrucción se ha convertido en una causa general de carácter puramente político. Estamos asistiendo a una función de un circo jurídico, con la aquiescencia de quien desde las más altas instancias de la judicatura debería hacer cortado de raíz este bochornoso espectáculo. Existe el desgaste político del gobierno ciertamente, que es lo que los impulsores buscaban. Pero también, y sobre todo, hay un desprestigio tan evidente del poder judicial ante los ciudadanos, que debería abochornar, aunque no lo haga al CGPJ, a la parte de esa judicatura que está formada por profesionales decentes, que la hay aunque nos cueste creerlo.
Este auto puede convertirse en el punto de inflexión que puede activar un efecto de bumerán. Para que eso ocurra, se necesita solo que las propias instituciones del sistema (empezando por la Audiencia Provincial) se vean obligadas a corregir, revertir o enmendar las decisiones del juez instructor debido a sus evidentes excesos y falta de rigor profesional, lo que va a suceder más pronto que tarde.
Para la opinión pública, especialmente la de corte progresista y moderada, esta rectificación no se debe quedar en un puro tecnicismo; porque será la demostración palpable de que se ha producido un atropello. Cuando eso suceda, que repito sucederá, la ciudadanía percibirá que los tribunales se están utilizando por algunos, no para impartir justicia, sino como una herramienta no democrática para subvertir el resultado de las urnas y tumbar a un Gobierno legítimo. Si eso sucede, el relato de la victimización de la derecha se desmorona.
Si nos ponemos a pensar en las consecuencias de esa rectificación, está muy claro que acumulación de excesos judiciales puede generar una reacción en cadena que opere en beneficio del Ejecutivo y de la coalición de Gobierno. La forma de materializarse puede ser a través de tres mecanismos principales que aquí expongo.
El primero es que, si uno de los mayores riesgos para un gobierno de izquierdas a mitad de legislatura es la desafección, el desencanto o la desmovilización de sus votantes ante el desgaste de la gestión diaria, la percepción de una agresión externa injusta y desproporcionada, y más si se ve como procedente de otro poder del Estado, actúa como un potente catalizador. El votante de izquierdas debe reaccionar ante lo que se interpreta como un "fraude de proporciones gigantescas" contra la propia Democracia, y la indignación acabara sustituyendo a la actual apatía. La base electoral se debe unificar bajo una causa común: la defensa de la institucionalidad democrática frente a los sectores reaccionarios. Lo que la oposición diseñó para desgastar al gobierno, puede acabar blindando el suelo electoral de la izquierda.
El segundo mecanismo es que, cuando la oposición política y los medios afines (algunos dirigidos por personajes partidistas que deberían mirarse al espejo antes de abrir la boca), exigen elecciones anticipadas basándose en esta "tormenta perfecta" montada a base de investigaciones que luego muestran fragilidad jurídica, provocan el efecto contrario. En esta situación, para el Ejecutivo, resistir deja de ser una mera opción de supervivencia política y se convierte en un imperativo democrático. Bajo esta lógica, ceder o convocar elecciones ante la presión de una campaña orquestada supondría convalidar los métodos no democráticos de asalto al poder que esgrimen. La consigna de "agotar la legislatura hasta el mismísimo final" va a adquirir una legitimidad renovada. El Gobierno se debe sentir respaldado para aguantar el pulso, y debe argumentar que la estabilidad institucional es la única respuesta posible frente a este chantaje judicial.
Y el tercero es, que estas campañas de alta intensidad, basadas en el escándalo constante, sufren de rendimientos decrecientes. Si la oposición fía toda su estrategia política a que los tribunales destruyan al adversario y esos tribunales terminan enmendándose a sí mismos o archivando las causas, la estrategia se queda vacía de contenido. Al estirar la cuerda en exceso, la derecha política está corriendo el riesgo de quedar expuesta ante los sectores moderados, como una fuerza incapaz de ofrecer un proyecto de país alternativo, más allá del uso espurio de algunos miembros del aparato judicial.
Si eso se produce estaremos ante el bumerán que regresa golpeando la credibilidad de quienes apostaron todo a la vía de la judicialización de la política. Aunque la gran tragedia de esta estrategia corto placista de la derecha, es el daño colateral que sufre el propio sistema judicial español, cuya neutralidad está quedando gravemente cuestionada ante los ciudadanos. En términos de estricta táctica política, la "tormenta perfecta" ha sembrado las condiciones para su propio fracaso. Al cruzar la línea que separa la fiscalización que legitima la oposición, al ensañamiento y el atropello, los promotores de esta ofensiva están entregando al gobierno y a sus socios una discurso verdaderamente imbatible: la defensa de la democracia misma.
Alguien ha podido pasarse de frenada en su intento por derribar al gobierno. El efecto bumerán puede estar ya en marcha, y transformar este asedio judicial al ejecutivo, en el combustible necesario para cohesionar a la izquierda, justificar la resistencia del bloque de investidura y estirar la legislatura hasta sus últimas consecuencias.
Me gustaría no equivocarme, porque confío en que la mentira tiene sus patas muy cortas.
Buenos días.
No hay comentarios:
Publicar un comentario