En la política del PP, da lo mismo si la impulsa Feijoo que si lo hace Ayuso, tiene la curiosa tendencia de ignorar la realidad material cuando intentan moldear la moral pública. El anuncio de una futura ley nacional del "concebido no nacido" que asimile al embrión como miembro de la unidad familiar desde el momento de la concepción es un claro ejemplo de este divorcio. Observo con perplejidad cómo se pretende construir una arquitectura jurídica y fiscal sobre premisas que desafían las leyes más elementales de la ciencia de la vida.
El primer error de bulto radica en la idealización de la "concepción" como un interruptor instantáneo. En biología, la fecundación no es un momento mágico; es un proceso celular complejo que se extiende durante más de 24 horas. Pero el verdadero conflicto con la realidad científica llega inmediatamente después. Al eliminar cualquier "semana mínima de gestación" para otorgar derechos económicos, la norma pretende dotar de entidad civil a un conjunto de células que, por pura ley de vida y selección natural, presenta una viabilidad extremadamente baja.
Desde una perspectiva de evolución, nuestra especie es asombrosamente ineficiente en sus etapas iniciales. Los datos científicos son irrefutables: entre el 50% y el 70% de los óvulos fecundados jamás llegan a implantarse o se pierden en abortos espontáneos sumamente tempranos, la inmensa mayoría de las veces debido a anomalías cromosómicas severas. La naturaleza realiza un cribado genético implacable. Legislar como si cada cigoto fuese un ciudadano garantizado es ignorar que la biología opera bajo una lógica de probabilidades, no ideológica. Pretender registrar administrativamente lo que la selección natural descarta de forma natural en cuestión de días es un sinsentido propio de quienes demuestran su falta de sentido común.
Esta desconexión con la realidad se vuelve aún más flagrante con la propia letra de estas normativas, que estipulan que, si los embriones finalmente no nacen, los beneficios asociados "pierden su validez". Aquí la contradicción lógica deviene en caricatura. Si un miembro de una familia fallece, su existencia no se borra retroactivamente del censo ni del imaginario fiscal. Al retirar los derechos de forma retroactiva si el embarazo no prospera, los propios promotores de la ley admiten implícitamente lo que la ciencia ya sabe: que un embrión no es equivalente a un ser humano nacido. Es una pirueta de concepto que devalúa el estatus que supuestamente pretende proteger.
La norma comete el error de ignorar la fisiología de la gestación.
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