El cuestionamiento de la neutralidad y la honorabilidad de diferentes estamentos del Estado es una de las estrategias de comunicación más visibles del Partido Popular en los últimos años. Esta táctica busca deslegitimar la acción del Ejecutivo argumentando que ha "colonizado" o "sometido" las instituciones públicas.
Más allá de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuestionadas en el caso de Begoña Gómez por el juez y por PP y Vox, o del cuerpo de funcionarios que tramita las políticas migratorias a quienes acusan de estar permitiendo migrantes que no reúnen los requisitos exigidos para que esa regularización se produzca, el PP ha puesto en duda de forma sistemática a muchos organismos e instituciones:, entre los cuales voy a señalar algunos.
Uno de los focos de crítica más duros y constantes ha sido la Fiscalía general del Estado. El PP cuestiona abiertamente la imparcialidad de los fiscales, acusando al Fiscal General del Estado de actuar como un "ministro de la oposición" o de seguir instrucciones directas del Palacio de la Moncloa. Se ha puesto en duda la legalidad y limpieza de los nombramientos internos, tildándolos de "purgas", y se ha acusado a la institución de utilizar su poder de forma partidista para proteger a los miembros del Gobierno en casos de presunta corrupción y desatender las denuncias que afectan al entorno del Ejecutivo.
El segundo caso es el del Tribunal Constitucional. A raíz de la mayoría de corte progresista en el tribunal de garantías y de resoluciones de gran calado político como el aval a la Ley de Amnistía o la revisión de las sentencias del caso de los ERE de Andalucía, el PP ha elevado la dureza de sus descalificaciones hacia este órgano, llegando a calificar al Tribunal Constitucional como un apéndice del Gobierno, asegurando que su presidente está "a las órdenes" de la Moncloa. Unas declaraciones que generaron una fuerte polémica institucional, las realizaron destacados portavoces del PP que llegaron a referirse al propio tribunal de garantías como "el cáncer del Estado de derecho" (palabras por las que el partido posteriormente se disculpó parcialmente).
El tercer objetivo de desprestigio es el CIS, Centro de investigaciones Sociológicas. El PP mantiene una ofensiva total contra el funcionamiento del CIS, dirigido por José Félix Tezanos. Los populares acusan formalmente al organismo público de "falsear", "prefabricar" y "manipular" de manera deliberada los datos de las encuestas electorales y los barómetros de opinión pública para beneficiar los intereses del PSOE y perjudicar a la oposición. La desconfianza es tal que el partido ha promovido comisiones de investigación en el Senado e interpuesto querellas en los tribunales por presuntos delitos electorales y malversación de fondos públicos en la elaboración de sus estudios.
El Congreso de los Diputados es la tercera autoridad del Estado y tampoco ha quedado al margen. El PP acusa de forma recurrente a la presidencia de la Cámara Baja de haber perdido la neutralidad institucional que exige el cargo y de actuar de forma arbitraria. Se les afea "secuestrar" los tiempos parlamentarios, dilatar la tramitación de comisiones que no convienen al Gobierno, o flexibilizar el reglamento del Congreso para favorecer los debates y votaciones que benefician a la mayoría parlamentaria del Ejecutivo.
Tampoco escapa a sus criticas TVE. Al igual que con el CIS, el PP sitúa a la corporación pública de radio y televisión bajo una sospecha constante de manipulación y falta de pluralidad. El partido denuncia regularmente los nombramientos de sus consejos de administración y direcciones informativas, tildando al ente público de "apéndice de la Moncloa" o "altavoz del sanchismo", cuestionando el trabajo diario de los profesionales de la información de la cadena.
Lo triste es que mientras que el PP defiende que estas duras críticas son legítimas y necesarias para denunciar lo que consideran un "deterioro democrático" e "institucional" provocado por el Gobierno, en realidad lo único que consiguen es debilitar de forma peligrosa la credibilidad de las instituciones del Estado, dañando la confianza de los ciudadanos en los pilares del sistema democrático. Los gobiernos cambian, pero las instituciones permanecen.
No se puede sostener un discurso basado en la "regeneración democrática" si, para desgastar al rival, se está dispuesto a quemar los pilares del sistema. Cuando el PP siembra sospechas infundadas sobre la Policía, tilda al Tribunal Constitucional de apéndice del Gobierno, acusa a los funcionarios de prevaricar en la regularización de migrantes o califica de "secuestro" las decisiones del Congreso, está enviando un mensaje peligroso: que las instituciones españolas solo son limpias si el PP está en el poder.
Esta deriva del PP recuerda peligrosamente a las estrategias de la derecha populista norteamericana o latinoamericana: si la realidad judicial, de datos o parlamentaria no me da la razón, se ataca directamente al emisor. Es una política de tierra quemada donde el fin (desalojar Sánchez de la Moncloa) justifica cualquier medio, incluido el desprestigio de organismos técnicos e instituciones cuya credibilidad ha costado décadas consolidar.
Si un partido convence a sus votantes de que los árbitros del Estado están permanentemente comprados y corrompidos, ¿con qué autoridad moral y legitimidad social pretende gobernar el día de mañana a la otra mitad del país que hoy desprecia?
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