Es una indecencia política que personajes como Aldama encuentren grietas en las instituciones públicas para lucrarse, evidenciando la necesidad de controles democráticos mucho más estrictos, leyes de transparencia reales y una fiscalización implacable del lobby privado.
Pero debe ser una decencia jurídica que su castigo emane de unos tribunales independientes, a través de una sentencia rigurosa y basada estrictamente en el Código Penal. La izquierda no debe buscar la venganza, sino la justicia y la regeneración democrática.
La verdadera decencia del sistema se demuestra cuando el Estado de Derecho es capaz de extirpar la corrupción sin corromper sus propios principios garantistas.
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