La máxima atribuida al cardenal Richelieu vuelve a estar en vigor en los pasillos de ciertos juzgados españoles: "Dadme dos líneas escritas a puño y letra por el hombre más honrado, y encontraré en ellas motivo para hacerlo encarcelar". Lo que estamos presenciando en el caso de Begoña Gómez no es un procedimiento jurídico ordinario; es la escenificación perfecta de cómo se puede instrumentalizar el aparato judicial con un fin nítidamente político-mediático. Cuando la Fiscalía Provincial de Madrid concluye con rotundidad que no hay delito alguno, que "sin delito no hay autor", y que la mera relación conyugal no puede operar como influencia ilegal, cualquier lógica democrática dictaría el archivo inmediato de la causa. Pero la lógica que opera aquí es otra: la de la guerra jurídica o lawfare.
No estamos ante un debate técnico sobre el derecho; estamos ante un artefacto político-mediático diseñado para alimentar la estrategia difamatoria de la derecha y la extrema derecha (PP-Vox). El objetivo real nunca fue una condena con pruebas, sino el proceso mismo. La pena es el banquillo. El objetivo es el titular diario, el desgaste moral de la Presidencia del Gobierno y la erosión de un Ejecutivo progresista que las urnas legitimaron, pero que las élites reaccionarias se resisten a aceptar.
Quienes actúan de esta manera son auténticos "furtivos" de la justicia que desatienden las normas y los plazos de manera selectiva. Actúan con alevosía y sin sonrojarse ante la opinión pública, sabiendo que en sectores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o en ciertas instancias corporativas se continuará haciendo la vista gorda. El uso de la escolta policial como argumento bajo sospecha o las trabas burocráticas a la movilidad de la investigada solo reafirman el carácter extemporáneo de estas medidas. La sentencia política está predeterminada de antemano, los hechos y la verdad jurídica son un estorbo para el juzgador.
Lo trágico de este escenario es que, mientras la Fiscalía, cumpliendo su función constitucional de defensa de la legalidad, denuncia la "confabulación" y la falta de lógica, el daño a la calidad democrática del país ya está hecho. La lista de agravios, asimetrías y dobles varas de medir en nuestro sistema es larga y conocida. Si la Audiencia de Madrid decide hacer caso omiso a los demoledores informes del Ministerio Público y permite que continúe este martirio procesal, se estará validando que en España un juez puede actuar como amo y señor de las leyes. La democracia no se defiende cediendo ante los furtivos; se defiende exigiendo que la ley vuelva a ser igual para todos.
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