Cuando las llamas devoran nuestros montes, la retórica de algunos políticos se refugia en las frases hechas y el choque partidista. Sin embargo, los grandes incendios no son meras catástrofes naturales imprevisibles; son, ante todo, la manifestación visible y dramática de las prioridades de clase, las decisiones presupuestarias y la correlación de fuerzas ideológicas de una determinada administración. Lo que estamos presenciando estos días en la Comunidad de Madrid y sus territorios limítrofes no es un accidente geográfico: es la consecuencia directa de un modelo político deliberado.
En primer lugar, hay que señalar la grieta fundamental del relato ayusista: la asfixia del sector público en el momento de mayor vulnerabilidad colectiva. Es éticamente insostenible y políticamente revelador que, mientras la Comunidad de Madrid percibe transferencias récord de fondos estatales que superan los 20.000 millones de euros anuales, las plantillas de bomberos forestales acumulen más de mil días en huelga y denuncien la falta crónica de personal y la no movilización de recursos en plena emergencia. ¿A dónde van esos recursos? La respuesta es el trasvase sistemático de lo público a lo privado, donde la sanidad concesionada, los espectáculos taurinos o las contratas privadas absorben prioridades que deberían destinarse a proteger el patrimonio natural y las vidas de la ciudadanía. La posterior criminalización de los trabajadores que protestan, acusándolos de "chantaje", es un recurso clásico y viejo de la derecha: deslegitimar la lucha sindical cuando sus propias costuras de gestión saltan por los aires.
En segundo lugar, asistimos a la consolidación de un negacionismo climático peligroso. Mientras la evidencia científica advierte de que el calentamiento global convierte a la Península Ibérica en un polvorín, sectores del PP y de la extrema derecha de Vox han decidido convertir la agenda ambiental en una trinchera de su "batalla cultural". Calificar los Objetivos de Desarrollo Sostenible o las medidas de reducción de emisiones como "terror climático", "estafa" o "agenda comunista" no es una extravagancia verbal; es una coartada ideológica para justificar los recortes presupuestarios en prevención y mantener privilegios económicos insostenibles. La derecha española rompe los consensos europeos recortando en prevención ambiental mientras viste ropajes performativos en el centro de mando.
Este comportamiento enlaza con una estrategia de comunicación política basada en la irresponsabilidad institucional. La repentina solicitud del "Nivel 3 de interés nacional" por parte de la administración madrileña no busca sumar medios técnicos, que ya se aportan mediante los mecanismos de cooperación e intervención del Estado como la UME, sino operar una maniobra de transferencia de responsabilidades. Al exigir que sea el Gobierno central quien asuma la gestión de la crisis, el poder autonómico busca construir un relato de victimización y escurrir el bulto ante su propia falta de previsión y medios. Es la política del titular efectista: la presidenta confunde el liderazgo institucional con la etiqueta en la solapa de un chaleco de emergencias.
Por último, no se puede obviar la dimensión territorial y sociológica de esta crisis. En el ámbito rural, para empezar, la mayoría de los montes son de propiedad privada, no se limpian los públicos, pero menos aún los privados. La impunidad y la cultura del "caciquismo" de una parte de la derecha se muestran con particular virulencia. Cuando la imprudencia de un cargo local desata un desastre ambiental y la respuesta de los sectores reaccionarios de la zona es el amedrentamiento a vecinos o militantes de izquierdas, se evidencia la existencia de una asimetría profunda en la exigencia de responsabilidades. Un sector influyente de la derecha radical se siente por encima de la norma y de la institución, amparado por una complacencia mediática e institucional que recuerda peligrosamente a las peores derivas autoritarias de nuestra historia.
El fuego que quema nuestros montes no se apaga solo con agua; se apaga con servicios públicos reforzados, estabilidad laboral para los bomberos forestales, planificación ecológica con base científica y una fiscalidad justa que devuelva al interés común lo que la privatización ha saqueado. Dejar la protección de nuestro entorno a merced del negacionismo y los intereses de mercado es abocarnos al desastre.
Ha llegado el momento de exigir que lo común vuelva a ser la prioridad absoluta del Estado. Nos va la vida del mundo rural y del urbano en ello.
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