El juicio sobre la operación Kitchen entra en su recta final. Sucedió en 2013, se abre la causa en 2018, se cierra la instrucción en 2021 y se juzga ahora, trece años después. Pero al parecer existe una regla no escrita en el periodismo de masas contemporáneo: el impacto de un escándalo político no lo mide la gravedad objetiva del delito, sino el número de decibelios con el que las grandes portadas y tertulias deciden amplificarlo.
Al menos admitamos que resulta curioso el contraste. Cuando la corrupción afecta a un individuo que estafa comisiones o se enriquece de forma miserable, los titulares hierven durante semanas. Sin embargo, cuando lo que se corrompe no es un presupuesto público, sino la propia estructura del Estado de derecho, la intensidad informativa experimenta una mutación fascinante: el estruendo mediático se convierte en un susurro.
La Operación Kitchen representa, sin matices, el mayor atropello institucional de la historia democrática reciente en España. No hablamos de intermediarios que solo piensan en su bolsillo ni de políticos deshonestos llevándose una tajada de dinero público; hablamos del uso de la Policía Nacional, de los servicios de inteligencia, del Ministerio del Interior y de los fondos reservados de todos los ciudadanos para espiar, robar pruebas judiciales y blindar la impunidad de un partido en el poder. Curiosamente, el partido de Feijoo que ahora ve delito hasta en el cambio de la marca del papel higiénico de Sánchez.
Frente a un ataque directo a los cimientos de la democracia, la reacción del sistema mediático dominante ha ofrecido una lección magistral de asimetría y arquitectura de la agenda pública. Estamos asistiendo a una anestesia del lenguaje, puesto que mientras que otros casos son calificados en televisión con adjetivos incendiarios y tratados como verdaderas crisis de régimen, la Kitchen tiende a ser encapsulada bajo un lenguaje judicial aséptico, relegándola a las páginas de tribunales en lugar de abrir informativos día tras día.
En este caso vemos que es la famosa teoría de las "manzanas podridas", una narrativa imperante que ha buscado incansablemente aislar el problema en comisarios oscuros o mandos policiales concretos, sin hacer la pregunta fundamental: ¿quién dio la orden desde la cima política para poner el Estado al servicio de las siglas de un partido? Contrasta excesivamente como los escándalos de enriquecimiento personal permanecen meses como monopolio televisivo con un tono de indignación moral constante, mientras que la utilización espuria del aparato policial para tapar la caja B sufre un goteo informativo difuso y disperso, diseñado para normalizar el escándalo y anestesiar a la opinión pública.
Tratar las tramas de la cloaca del Estado como si fuesen un litigio administrativo ordinario no es neutralidad; es una toma de posicionamiento. Cuando el periodismo renuncia a señalar con la misma vehemencia el secuestro de las instituciones públicas que el robo económico, desprotege a la sociedad ante los abusos del poder. La democracia no solo se quiebra cuando se roba dinero público; se quiebra, de forma mucho más peligrosa, cuando se corrompen las reglas del juego ante la mirada tibia de los focos mediáticos. En el primer caso se cuestiona la honestidad de un político, en el segundo se aniquila la neutralidad de las instituciones sobre las que se sostiene la democracia.
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