El caso de Begoña Gómez es el síntoma de un mal mayor: un sistema que tolera que se persiga por tierra, mar y aire a los entornos familiares de los líderes de izquierda mientras se cubre con un manto de impunidad y prescripción los escándalos de la derecha madrileña.
El bloque reaccionario ha decidido que si no puede gobernar mediante los votos, gobernará mediante las togas. Frente a un poder judicial que se comporta como un partido político de oposición, la izquierda no puede seguir respondiendo con timidez o con la estrategia de "resistir". Es hora de pasar a la ofensiva democrática. O democratizamos el Estado profundo, o el Estado profundo acabará por completo con nuestra democracia.
La guerra jurídica es estéril sin su brazo mediático. El jurado popular que juzgará este caso lleva dos años siendo "educado" por portadas difamatorias y tertulias incendiarias. La militancia de izquierda debe exigir con firmeza una Ley de Medios y de Publicidad Institucional que ahogue la financiación pública de los pseudomedios que esparcen bulos y que garantice el derecho constitucional a recibir información veraz.
¿Para cuando tendrán previsto imputar a Pedro Sánchez?
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