La tragedia ferroviaria de Urda llega apenas nueve meses después del trágico antecedente de Adamuz, pero esta tiene más repercusión social. Representa mucho más que un seísmo electoral a escasas semanas de las elecciones generales al constituir e una grieta profunda en la línea de flotación de la izquierda: la fe de la ciudadanía en la seguridad, eficacia y excelencia de lo público. Cuando se pierde el pulso con la realidad cotidiana de las clases populares, las consecuencias nunca son inocuas.
Durante años, la narrativa del Gobierno se ha apoyado en una dicotomía tan: la contraposición entre un modelo que cuida los servicios esenciales y otro que los privatiza o desmantela. Sin embargo, dos grandes colisiones en la red de alta velocidad en un solo año desarticulan ese relato ideológico si este no va acompañado de una gestión impecable, una inversión transparente y una rendición de cuentas tajante. La izquierda no puede limitarse a enarbolar la bandera de lo público, tiene que sostenerlo, auditarlo y blindarlo de todo fallo estructural. La seguridad de la infraestructura estratégica del país no es un debate abstracto sobre modelos de sociedad: es la garantía básica de protección que el Estado debe ofrecer a la mayoría social.
Frente a este escenario de conmoción y desconfianza, el riesgo real para las opciones de revalidar el gobierno no radica en la fuga masiva de votantes al bloque conservador, sino en la desafección de sus bases. El desánimo, la decepción y la desconexión emocional de la ciudadanía que confió en un modelo de protección pública amenazan con traducirse en abstención. El voto de izquierda es eminentemente exigente con sus propias siglas; no tolera lo táctico ni la política de atrincherarse cuando hay vidas humanas de por medio.
¿Qué hacer? La respuesta de un Gobierno de la izquierda no puede ser la de apelar a la conspiración del rival, agitar el miedo a las extremas derechas o parapetarse en tecnicismos del centro de control. Para frenar esta deriva y reconstruir el compromiso con el electorado, en mi opinión, el gobierno debe adoptar con urgencia un giro de 180 grados fundamentado en medidas que cada día que pasa son más inaplazables:
1. El martes en la comparecencia en la Diputación Permanente anunciar una revisión externa del estado de la infraestructura y el sistema de señalización por parte de organismos internacionales neutrales, acompañada de un Real Decreto-Ley de créditos extraordinarios para la seguridad ferroviaria. Lo público se defiende con recursos, personal cualificado e inspecciones rigurosas. Demostraría no temer a la verdad y reforzar su convencimiento en lo hasta ahora expuesto. Ahora la ciudadanía no demanda agitación partidista; exige sentido de Estado, rigor institucional, humildad y un acompañamiento auténtico a los afectados.
2. El Gobierno debe crear una mesa sentando en ella a las organizaciones sindicales, a los colectivos de maquinistas y al personal técnico de Adif y Renfe para trazar un mapa de necesidades reales del sector. Restablecer la confianza implica escuchar y respaldar a los trabajadores que sostienen el servicio día a día, en lugar de diluir responsabilidades en la cadena de mando.
3. En el siguiente Consejo de ministros sería el momento ideal, una vez adoptadas las anteriores decisiones, de la asunción de responsabilidades políticas a través de su dimisión no por una concesión a la oposición, sino en un acto de higiene democrática y respeto a la sociedad que dignifica la cultura de gobierno progresista. Para empezar Puente ha dado la cara en todo momento, lo que le honra, pero por motivos menores ya presentaron su dimisión Máximo Huertas o Carmen Montón. La permanencia de Óscar Puente se ha convertido en un tapón mediático e institucional que impide centrar el debate en el dolor de las víctimas y las soluciones. Eso marcaría una diferencia sustancial con el PP de Angrois, Yak 42 o la DANA, entre otros, donde sus ministros permanecieron aferrados al asiento sin importar las victimas aunque no se las quitasen de la boca.
La izquierda se juega en este trance algo mucho más trascendente que unos escaños en el Congreso de los Diputados. Se juega demostrar que el Estado del Bienestar no es solo un eslogan movilizador, sino un engranaje capaz de examinarse a sí mismo, corregir sus fallos con contundencia y ofrecer garantías reales de seguridad.
Solo desde la verdad, la asunción de errores y la acción gubernamental valiente se podrá evitar que la sombra de Urda se convierta en una factura definitiva que le pase al gobierno su posible electorado.