Desde que Ferraz y La Moncloa apretaron el botón del adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre, el reloj político español se ha acelerado de forma vertiginosa. Sin embargo, si uno repasa las hemerotecas regionales de estas últimas semanas en Castilla-La Mancha, da la sensación de que García-Page habita en una coordenada temporal completamente distinta. En lugar de cerrar filas ante la contienda que se avecina contra el avance de las derechas, decisiva para el que es su partido, el presidente autonómico ha vuelto a desplegar su manual de supervivencia: atrincherarse en el perfil institucional y marcar distancia con la campaña y la dirección nacional del PSOE.
En los últimos días hemos asistido a una letanía bien ensayada. Frases como "estoy a las órdenes de Castilla-La Mancha", llamados a "superar el cortoplacismo" o reflexiones ambiguas al afirmar que "las elecciones son como los melones" buscan proyectar la imagen de un gobernante moderado, centrado en la gestión y ajeno al «ruido de Madrid». A primera vista, y desde una óptica puramente electoralista, la maniobra parece irreprochable. Page defiende la hegemonía y la «mayoría absoluta» que ha consolidado en la región mediante el aislamiento de la marca autonómica respecto al desgaste federal.
Sin embargo, si analizamos esta actitud desde un compromiso ético de izquierdas, el diagnóstico resulta mucho más preocupante.
En primer lugar, la estrategia de hiperliderazgo autonómico a costa de la cohesión partidaria supone un ejercicio de insolidaridad política con el conjunto del bloque progresista. Mientras las fuerzas de izquierda y los sectores sociales libran una batalla decisiva para evitar un gobierno del bloque reaccionario en España, el distanciamiento explícito de Page debilita el mensaje. Al negarse a asumir como propia la agenda de avances sociales del Gobierno de coalición (en pensiones, salario mínimo, derechos laborales o políticas redistributivas), a lo que contribuye es a desmovilizar a la base militante y trabajadora de nuestra propia región.
En segundo lugar, la apelación recurrente de Page al "consenso", la "moderación" y a no votar "a la contra" disfraza de pragmatismo una renuncia ideológica profunda. La política no es un espacio aséptico de gestión tecnocrática; es el terreno en el que se confrontan modelos de sociedad. Cuando el discurso autonómico desplaza las tensiones redistributivas (como el problema de la vivienda, los servicios públicos castigados o la precariedad laboral) para sustituirlas por apelaciones de conciliación con sectores empresariales, el proyecto socialdemócrata se desdibuja hasta ser indistinguible del de centroderecha.
Finalmente, resulta evidente que la prioridad de Fuensalida no es servir de dique de contención ideológico contra la extrema derecha, sino asegurar la preservación del poder regional a cualquier precio. Al reservarse el derecho a no renunciar a sus "postulados" frente al partido, Page demuestra que concibe el capital político castellanomanchego como un bien particular y no como una pieza clave al servicio de una causa colectiva.
El 29 de noviembre no solo se mide el peso de las siglas en Madrid; se decide si el espacio de progreso es capaz de proyectar una alternativa sólida y valiente frente al empuje reaccionario. Seguir utilizando Castilla-La Mancha para una autodefensa personal ante la política nacional no solo erosiona la unidad de la izquierda, sino que deja desarmada a la propia ciudadanía ante las verdaderas batallas de este tiempo que nos ha tocado vivir.
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