Cuando los proyectos conservadores no son una alternativa sólida, siempre recurren al populismo de la impugnación. La estrategia consiste en convertir los dramas humanitarios en alarmismo social, sustituyendo la gestión rigurosa por un deliberado clima de pánico. La reciente crisis en Ceuta y el posterior despliegue discursivo del PP es una radiografía impecable de esta manera de hacer política.
Frente a una realidad migratoria que demanda responsabilidad de Estado y un cumplimiento estricto del derecho internacional, los portavoces conservadores de los Santos, Tellado o Alma Ezcurra han apostado por la sustitución sistemática del análisis institucional por el uso de conceptos como «invasión» u «ocupación» buscando alterar la percepción pública mediante marcos conceptuales más propios de la extrema derecha que de un partido de derecha europea.
En su forma de actuar destacan tres mecanismos que erosionan la democracia: la desinformación deliberada y posverdad, contraviniendo los datos oficiales sobre la saturación hospitalaria o la seguridad ciudadana, desacreditadas por las propias instancias judiciales e institucionales, y a la vez, reactivando teorías de la conspiración sin sustento real para dinamitar la credibilidad de las instituciones públicas; la incongruencia competencial e insolidaridad territorial: Mientras el discurso oficial de la derecha exige firmeza al Gobierno central, las administraciones autonómicas lideradas por el PP eluden sus obligaciones legales en materia de acogida de menores no acompañados, buscando con ello una parálisis calculada en la corresponsabilidad territorial; la mercantilización de la agenda exterior, obviando los marcos de la diplomacia bilateral y del derecho internacional para buscar el rédito electoralista a corto plazo, copiando la dinámica de bloques reaccionarios internacionales aunque sea en detrimento del consenso institucional europeo.
Hay un desgaste profundo de la izquierda respecto al debate público. El recurso continuado a la hipérbole y el bulo no solo devalúa la deliberación democrática, sino que incentiva el desencanto ciudadano. Cuando la oposición renuncia al rigor para abrazar la táctica del fango, la democracia pierde porque ya no delibera.
La preservación del Estado social y democrático de derecho exige desmantelar esta marcha atrás. Gobernar no puede supeditarse a fabricar enemigos internos o externos, sino a la defensa absoluta de los derechos humanos y la lealtad institucional. Puede que tarde tiempo en ocurrir, pero esta actitud acabará pasando factura a la derecha.
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