Pero he preferido escribir hoy sobre este tema, una vez conocido el éxito de las marchas que ayer recorrieron todo el país.
Y además hacerlo desde la óptica del medio rural. Porque lo queramos o no, la violencia machista es más intensa y silenciosa en el medio rural puesto que aquí se combina con aislamiento, falta de recursos y una dependencia económica y social que aprisiona a las mujeres. No se confundan los lectores, no estoy afirmando que el pueblo “fabrique” más machistas que la ciudad, sino que las condiciones del territorio hacen que el maltrato dure más, se oculte o esconda mejor y sea mucho más difícil de romper.
Un dato incómodo. Desde 2020, alrededor de un tercio de las víctimas de violencia de género y casi la mitad de las víctimas de violencia vicaria vivían en municipios de menos de 20.000 habitantes, a pesar de que en ellos reside solo en torno al 17% de la población. Esta sobrerrepresentación revela que el medio rural no es un paisaje idílico, sino un territorio donde la violencia se concentra y permanece, aunque apenas ocupe espacio en el debate público. El medio rural solo interesa a los medios cuando se habla de precios agrarios y de lo perjudicial que es la PAC o la Agenda 2030 para avanzar hacia un desarrollo sostenible que beneficie a las personas, al planeta y a la prosperidad hasta el año 2030.
La geografía condiciona la vulnerabilidad, y esa afirmación se ilustra con el dato de que, en Galicia, diez de las dieciséis mujeres asesinadas desde 2020 vivían en municipios pequeños, una proporción bastante alta. La estadística confirma lo que muchas mujeres rurales llevan años diciendo en voz baja: en el pueblo, la violencia de género existe, pero se tapa, se niega o se relativiza.
El silencio reina siempre en los pueblos pequeños. En las aldeas y municipios pequeños el anonimato no existe porque todo el mundo se conoce, y ese conocimiento se convierte en un arma de control social. La víctima sabe que, si denuncia, no solo se enfrenta a su agresor, sino al juicio de vecinos, familiares, incluso de quienes deberían protegerla y que quizá comparten sobremesas con su maltratador.
Los datos muestran que casi seis de cada diez mujeres rurales conocen directamente algún caso de violencia, pero menos de la mitad de esos casos llegan a denuncia, por miedo a perder a los hijos, dependencia económica, vergüenza y miedo a no ser creídas. Este cóctel resulta explosivo en un contexto donde la palabra “qué dirán” pesa tanto como una sentencia judicial.
En buena parte del medio rural ni siquiera existe un Centro de Información a la Mujer, y las víctimas dependen de desplazamientos largos para encontrar asesoría, refugio o simplemente un espacio seguro para contar lo que les pasa. Sin transporte público frecuente y con la obligación cotidiana de sostener explotaciones agrarias, los cuidados de la casa y familia, y trabajos invisibles, muchas mujeres acaban atrapadas en relaciones de maltrato, que en algunos casos pueden prolongarse décadas.
A menudo, el primer y único contacto institucional es un cuartel de la Guardia Civil o un puesto policial donde todos se conocen y donde la víctima teme ser cuestionada, no creída o, directamente, disuadida de denunciar. El otro lugar es la consulta médica, donde o hay muestras de ese maltrato físico, y entonces el profesional debe cumplir con su obligación y denunciar el caso, o si el maltrato es psicológico, puede que la mujer dude hasta de comentarlo por temor también ser cuestionada. Mientras tanto, muchos ayuntamientos están convencidos de que actúan, cundo en realidad reducen su “política de igualdad” a campañas puntuales el 8M o el 25N, con actos simbólicos que al problema apenas le rasca en la superficie.
Y luego está la trampa real, la económica, porque la dependencia económica es el gran elefante en la cacharrería, pero que aquí está en mitad de la plaza del pueblo. Solo tres de cada diez explotaciones agrarias están lideradas por mujeres y la cotitularidad sigue siendo residual, pese a que la mayoría trabaja a la par del maridos muchas más horas que él, y sin reconocimiento ni derechos propios.
Hay unos datos que dan muestra de esto. Por cada veintiuna personas en la presidencia de cooperativas agrarias, solo una es mujer, lo que significa que ellas sostienen el trabajo, pero rara vez deciden sobre el futuro de las explotaciones y los recursos. Menos de la mitad de las agricultoras cotiza por su trabajo y, cuando lo hacen, a menudo se las da de alta solo unos años antes de la jubilación, consolidando una vida entera en la economía sumergida de los cuidados y de la ayuda “familiar”.
El rural se merece otra política. Las asociaciones de mujeres rurales son muchas veces la primera línea real de protección: tejen redes, acompañan a las víctimas, las esconden si hace falta y ponen palabras feministas donde antes solo había resignación. Pero no deja de ser en cierta forma voluntarismo, porque el asociacionismo no puede sustituir a una red pública de servicios que incluya atención social y sanitaria cercana, transporte, recursos especializados en violencia de género y justicia accesible y rápida. Eso corresponde a las administraciones, por muy distante que esté una localidad o su población sea escasa.
Todo es hablar de la lucha contra el despoblamiento rural, pero si España quiere que la gente joven vuelva al campo, no es suficiente con hablar de relevo generacional y de fondos europeos; hay que garantizar que una mujer pueda separarse sin tener que abandonar su pueblo, su familia, sus animales y su trabajo. La medida de la salud de un territorio no son solo sus hectáreas cultivadas ni sus indicadores económicos, sino el grado de libertad real de las mujeres que lo sostienen, día tras día, a menudo en silencio
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