“Los ciudadanos deben saber que estamos ante una encrucijada histórica: o el medicamento vuelve a ser lo que nunca debió dejar de ser, uno de los derechos humanos, o estaremos condenados a asistir al agravamiento de una injusticia que condena, cada año, a millones de ciudadanos y familias a la exclusión terapéutica”
Defender que todos los ciudadanos tengamos un acceso justo al medicamento y denunciar una realidad, que nuestro sistema sanitario está sometido a presiones oligopólicas y políticas ineficaces, han centrado el acto celebrado este fin de semana en Noblejas con motivo de la entrega de los III Premios de la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento (AAJM) 2025.
El drama de millones de vidas truncadas por la imposibilidad de acceder a terapias esenciales evidencia una crisis estructural que ningún discurso institucional puede maquillar: el medicamento se ha convertido en una mercancía, yo diría que incluso en un privilegio, cuando la dignidad exige que sea derecho universal. Actualmente, 2.500 millones de personas en el mundo continúan sin acceso a los medicamentos necesarios, y cada año mueren diez millones por no poder pagar tratamientos vitales.
Esta cifra ilustra el fracaso de los sistemas sanitarios y la perversión de la lógica de mercado aplicada a bienes esenciales. En España, el gasto público en medicamentos representa aproximadamente el 3,4 % del gasto público total, según los datos más recientes disponibles para 2023 y 2024. Esta cuota ha permanecido relativamente estable en la última década, aunque ha bajado respecto a los valores históricos de los años 90 y 2000. Además, dentro del gasto sanitario público total, la partida destinada a farmacia y productos farmacéuticos oscila entre el 22 % y el 24 %, lo que evidencia el peso significativo de los medicamentos dentro del sistema sanitario español, pero cerca de la mitad de ese coste termina sufragado directamente por los ciudadanos, generando desigualdades profundas en el acceso efectivo. El sistema de copago, aunque modulado por rentas, sigue afectando especialmente a pacientes crónicos y familias vulnerables.
Las intervenciones de los distintos premiados han coincidido en señalar la influencia desproporcionada de la industria farmacéutica sobre las normas, la fijación de precios y la formación médica. La preservación de patentes y el sobreprecio de los medicamentos amenazan la sostenibilidad del sistema público y constituyen una hipoteca para futuras políticas de salud. El Colegio de Médicos de Toledo ha reclamado independencia científica frente a intereses comerciales, mientras que la prensa crítica como El Salto ha denunciado la opacidad institucional sobre los precios y la connivencia política, desafortunadamente avalada incluso por el sistema judicial.
La crisis sanitaria también se refleja en la atención primaria, marcada por la inestabilidad laboral de los profesionales, las listas de espera crecientes y la prescripción excesiva e ineficaz. La Confederación Salud Mental España, también entre los premiados, resaltó, además, el grave problema de la sobre medicación en salud mental y pidió una atención digna, multidisciplinar y libre de estigmas. Las consecuencias de la mercantilización del medicamento son directas para la población: agravamiento de la pobreza sanitaria, discriminación por rentas y pérdida de equidad en el tratamiento de enfermedades raras o crónicas.
Con el acto celebrado en Noblejas, la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento aspira a visibilizar la lucha de quienes trabajan por transformar el modelo sanitario y restituir el valor primordial del acceso universal a tratamientos eficaces. La denuncia social y el análisis técnico convergen en una reivindicación: replantear las reglas del juego, desmercantilizar el medicamento y reforzar políticas públicas basadas en la evidencia científica y en la ética. Se precisa una evaluación rigurosa de coste-efectividad, innovación farmacéutica planificada y estrategias específicas para apoyar a los colectivos más vulnerables.
Los ciudadanos deben saber que estamos ante una encrucijada histórica: o el medicamento vuelve a ser lo que nunca debió dejar de ser, uno de los derechos humanos, o estaremos condenados a asistir al agravamiento de una injusticia que condena, cada año, a millones de ciudadanos y familias a la exclusión terapéutica y a un sufrimiento evitable. Siempre afirmo que la peor decisión política es la que no se adopta, y se requiere esa decisión política, conjuntamente a la aplicación de criterios técnicos y suficiente valentía institucional para revertir un modelo que se evidencia insostenible.
Todo se resume en un principio que deberíamos compartir todos: el negocio nunca puede anteponerse a la vida. Por eso la lucha de esta asociación merece el apoyo de todos, porque un día podemos vernos sin poder acceder a fármacos que necesitaremos.
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