En un país donde, para despegar a los cargos del sillón hace falta usar el agua fuerte, la renuncia del fiscal general es un suceso paranormal: un alto cargo público que, tras una condena, dimite sin atrincherarse en tecnicismos, sin hacerse el mártir y sin acusar a “oscuros poderes” de sus males. Tela.
Un fiscal que se marcha hablando de deber, de servicio público y de respeto a los jueces es, en estos tiempos, casi un personaje de novela del siglo XIX, que se ha equivocado de siglo. García Ortiz comunica por carta que deja el cargo tras ser condenado por el Tribunal Supremo, y lo define como un “acto debido” a la Fiscalía y a la ciudadanía. No lo presenta como su sacrificio heroico, ni como venganza en diferido, sino como la conclusión lógica de alguien que entiende que la institución está por encima de la biografía de turno. Su apego a la decencia suena provocadoramente subversivo.
Ese mismo escrito reivindica algo insólito en la fauna política: la vocación de servicio público, el sentido del deber y la lealtad institucional, no como eslóganes de campaña sino como hoja de servicios. El fiscal no discute el fallo ni amaga con trincheras, sino que expresa su “profundo respeto” por la decisión judicial, como quien sabe que la autoridad no se defiende a gritos, sino cumpliendo las reglas incluso cuando le perjudican. Chapeau que diría un francés.
Y eso que la crónica del caso habla de bulos, de exclusivas y un desenlace en forma de condena, una cadena bien conocida en la España. Entre tanto estrépito, la Fiscalía aparece como esa figura discreta que intenta seguir hablando en prosa jurídica mientras a su alrededor se grita en titulares. Que el máximo representante del Ministerio Público responda al ruido con una renuncia sobria es pura y simplemente pedagogía democrática. En un tiempo en que la palabra “dimisión” se conjuga en tiempo verbal de futuro hipotético, el comportamiento del fiscal suena a un error de imprenta en el guion político habitual. Alguien condenado que no se declara víctima de una conjura, que no encargará un libro de memorias desmintiendo el sumario y que decide asumir consecuencias, bordea la excentricidad cívica.
Lo sorprendente no es que se marche; lo gravemente revelador es que ese gesto nos parezca extraordinario. Tal vez su mayor lección no resida en los detalles del caso, sino en que rehabilita que la honorabilidad del cargo exige algo más que aguante ante la crítica, exige saber retirarse a tiempo para no convertir la institución en coartada personal. Al dar prioridad a la Fiscalía y a la ciudadanía por encima de su continuidad, el fiscal ha demostrado que la verdadera integridad política no necesita marketing; le basta con un folio, una firma y la coherencia de marcharse cuando el deber, no el cálculo, llama a su puerta.
Si a alguien se le cae la cara de vergüenza, avisen, que será tan paranormal que igual lo sacan en la 4.
No hay comentarios:
Publicar un comentario