Un amigo me decía considerarse apolítico, pero después convertía su descripción de España en un apocalipsis sin vuelta atrás. Desde afirmar que somos el país más endeudado del mundo y cada día más, la inflación y los impuestos más altos de Europa, burocracia extrema, prohibiciones, delincuencia, inmigración, paro, corrupción y que no existe división de poderes, entre otras afirmaciones gratuitas.
Os paso la respuesta por apartados, por si os sirve para quienes os afirmen lo mismo. Me parecen muy respetables todas las opiniones, pero para algunas de las afirmaciones que se hacen deberían argumentarlas con cifras y fuentes estadísticas oficiales o verificables.
Deuda pública y dependencia exterior.- La deuda pública española alcanzó en el segundo trimestre de 2025 el 107,4% del PIB (Banco de España, septiembre 2025). Sin embargo, más del 60% está en manos de residentes españoles (Banco de España, Boletín Estadístico 2025), lo que reduce la dependencia exterior. La tendencia no es “progresiva” en el sentido de crecer sin control: desde 2021 ha mostrado una ligera estabilización (del 118% al 107% del PIB), impulsada por crecimiento económico e inflación moderada.
Inflación e impuestos.- La inflación anual armonizada en septiembre de 2025 fue del 2,6% (INE), muy por debajo del pico del 10,8% de 2022. El aumento de precios desde 2021 se debió principalmente a energía y alimentos derivados de la guerra en Ucrania, no a subidas fiscales directas. España mantiene una presión fiscal del 38% del PIB (Eurostat 2024), por debajo de la media de la zona euro (41–42%). No hay evidencia de una subida generalizada de impuestos diarios.
Burocracia y leyes.- España presenta niveles de complejidad administrativa, pero no crece de forma descontrolada. El número de empleados públicos se sitúa en 3,5 millones (INE, abril 2025), apenas un 1% más que en 2022. La digitalización ha simplificado gestiones como la Renta (el 93% de las declaraciones se presenta online, AEAT 2024). El uso de asesor fiscal es una elección, no una exigencia legal.
Prohibiciones y regulación.- Fumar, conducir o viajar con vacunas obligatorias son decisiones de salud o seguridad pública. No existen prohibiciones permanentes generalizadas sobre mascarillas o movilidad. La limitación del dinero en efectivo responde a directivas europeas contra el blanqueo de capitales. La “ocupación” de inmuebles representa menos del 0,1% del parque total de viviendas (Ministerio del Interior, datos 2024).
Delincuencia y seguridad.- Los delitos totales en España aumentaron un 3,2% interanual en 2024, pero siguen siendo un 20% inferiores a los de 2010 (balance de criminalidad, Ministerio del Interior). Los delitos sexuales han aumentado en denuncias, no necesariamente en casos reales, debido al mayor nivel de denuncia social. España sigue siendo uno de los países más seguros de la UE (Eurostat: tasa de homicidios 0,6 por 100.000 habitantes frente a 1,2 en Europa).
Radicalismo y polarización social Existen ataques aislados en mítines o actos, pero la violencia política se mantiene baja. En 2024 se registraron 22 incidentes catalogados como “altercados de motivación política”, frente a 46 en 2019 (Ministerio del Interior). La polarización discursiva se amplifica en redes sociales, aunque los índices reales de convivencia siguen siendo altos (CIS, barómetro de convivencia, 2024: 78% cree que “la gente respeta las diferencias políticas”).
Inmigración.- El 13,6% de la población residente es extranjera (INE 2025). No hay evidencia de “inmigración descontrolada”: la mayoría llega por vías laborales o familiares. España tiene una tasa de empleo de población extranjera del 65%, superior a la media de la UE (Eurostat 2024). Las ONG humanitarias gestionan una parte mínima del presupuesto migratorio, bajo control público y auditorías del Tribunal de Cuentas.
Paro y empleo.- El paro registrado ronda el 11,5% (EPA tercer trimestre 2025), cifra muy inferior al 16% de 2021. El empleo entre jóvenes y mujeres muestra mejora progresiva. En 2025 se alcanzan 21,9 millones de afiliados a la Seguridad Social, máximo histórico.
Corrupción y confianza institucional.- Los casos de corrupción política han disminuido en un 70% desde 2015 (Fiscalía Anticorrupción, memoria anual 2024). España ocupa el puesto 35 de 180 países en el índice de percepción de corrupción de Transparency International (2024), mejorando tres posiciones desde 2022.
Ley Bolaños y separación de poderes.- La reforma del Consejo General del Poder Judicial (propuesta 2025) busca adaptar nombramientos a criterios de mayoría reforzada en el Congreso, no elimina la separación de poderes: el poder judicial mantiene autonomía constitucional (art. 117 CE). Diversos juristas, incluido el Consejo de Europa, han pedido ajustes, pero no existe ruptura formal del sistema democrático.
Desastres naturales y respuesta pública.- El volcán de La Palma (2021) y las riadas de la Comunitat Valenciana (2024) tuvieron fuerte impacto, pero también una respuesta de emergencia eficaz y amplia compensación económica (más de 1.200 millones de euros destinados, según Protecció Civil). Ambos episodios se gestionaron con coordinación autonómica y estatal, sin indicios de ocultación de información o manipulación sistemática.
España enfrenta desafíos como cualquier democracia desarrollada, endeudamiento, inflación energética, burocracia o polarización digital, pero no hay señales de colapso institucional ni de “régimen comunista inminente”. Los indicadores internacionales (OCDE, FMI, Eurostat) describen un país estable, con crecimiento moderado del PIB (1,8% previsto para 2025) y sólida posición en derechos humanos y seguridad.
Cómo podrás comprobar, todos y cada uno de los datos que aquí te aporto puedes contrastarlos en internet, de donde los he sacado, y no me digas que al ser datos de organismos oficiales están manipulados, porque entonces te puedo decir yo que para manipulados los medios de donde salen las afirmaciones que has hecho en tu respuesta.
No es que vivamos en dos países distintos, es que lo vemos de manera diferente, pero si afirmo algo, siempre intento documentarlo antes, es por deformación profesional, porque en las revistas médicas donde publicamos artículos, deben tener evidencia científica y no podemos dar opiniones, si no están respaldados por los datos.
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