No es posible declarar culpable al fiscal general solo por lo que se ha expuesto en el proceso actual: la acusación se basa en la supuesta revelación de secretos por la filtración de un documento a los medios y en la presunta destrucción de pruebas (correos electrónicos y copias de seguridad), pero, hasta el momento, no hay pruebas directas concluyentes contra él y la Fiscalía solicita la absolución porque sostiene que no hay delito.
El juicio es histórico y muy polémico, con el fiscal general sentado en el banquillo por primera vez. Las acusaciones particulares y populares piden penas de cárcel e inhabilitación por revelación de secretos, mientras la Fiscalía y la Abogacía del Estado defienden su inocencia y cuestionan la base jurídica del proceso. Parte de la controversia está en la destrucción de correos y cambios de terminales, pero no existe una prueba directa; la defensa afirma que no se divulgó ningún secreto y que el caso está basado en conjeturas.
Muchos juristas consideran la instrucción judicial irregular y basada más en sospechas que en indicios sólidos jurídicamente.
El presidente del tribunal pidió evitar la polarización y defendió la independencia judicial, pero la situación institucional y política añade gravedad al proceso. La jefa de prensa y otros testigos han negado haber recibido órdenes de filtrar, y el propio fiscal general declaró que no es autor de los delitos imputados.
Hasta ahora no hay prueba directa de que García Ortiz filtrara secretos, ni de que las eliminaciones de correos constituyan por sí mismas un delito sin contexto y pruebas claras. La defensa jurídica y gran parte del sector jurídico consideran insuficiente el fundamento penal para una condena.
Con los datos actuales y los testimonios presentados, no puede considerarse culpable al fiscal general ni desde el principio de presunción de inocencia ni por ausencia de pruebas directas.
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