“golpe judicial”

Hay que denunciar el “golpe judicial” contra el Gobierno tras la condena del Fiscal General del Estado

La condena al Fiscal General del Estado es la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político abierto contra el Gobierno democrático de España. 

Lo ocurrido constituye un grave precedente para la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, que debe estar orientado a garantizar la convivencia, no a orientar el rumbo político del país.

La sentencia del Tribunal Supremo se apoya en indicios débiles y carentes de pruebas directas de filtración, como recogen las principales crónicas del juicio, y no ha sido aprobada por unanimidad, sino por mayoría, con dos votos particulares favorables a la absolución. 

Se trata de un intento de interferir en la vida democrática, más aún cuando la Fiscalía y la Abogacía del Estado han reiterado la falta total de pruebas objetivas que apuntaran al Fiscal General.

Este caso reviste una gravedad institucional absoluta. Lo que hemos presenciado es un auténtico golpe judicial: una causa construida sobre meras sospechas, inferencias sin sustento y contradicciones señaladas incluso en los votos particulares de dos magistradas. 

No podemos aceptar que el Estado de Derecho se utilice para desestabilizar a un Gobierno legítimo y para criminalizar el funcionamiento básico de nuestras instituciones democráticas.

Mientras tanto, 

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, reconoció durante el propio juicio haber difundido un bulo. 

El entorno de la presidenta fue responsable de la primera versión falsa, mientras la pareja de Ayuso, procesado y con reconocimiento de delitos fiscales en sus comunicaciones, buscaba un pacto para evitar la cárcel. 

Hoy se condena y se ataca a quien desmintió esa mentira, no a quienes la fabricaron y la aprovecharon políticamente.

Resulta especialmente grave que este proceso haya puesto bajo sospecha el trabajo del periodismo. Varios profesionales acreditaron ante el tribunal que conocieron el contenido antes de que llegara al Fiscal y se acogieron al secreto profesional para proteger sus fuentes, una garantía básica de cualquier Estado democrático de derecho, reflejado en las crónicas judiciales.

Criminalizar a la Fiscalía es injusto. Criminalizar el periodismo es autoritario. Los ciudadanos debemos estar siempre del lado de la democracia, la verdad y la defensa de las instituciones públicas frente a cualquier intento de desestabilización.