¿JUSTICIA A LA ESPAÑOLA?

¿JUSTICIA A LA ESPAÑOLA?

La reciente condena impuesta por el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, por un supuesto delito de revelación de secretos, creo que exige una reflexión política, que no jurídica porque no se conocen los argumentos jurídicos, sobre el estado actual del poder judicial en España.  Esa reflexión se recoge en estos nueve puntos: 

1. Este episodio, más allá de su dimensión legal, revela un patrón de arbitrariedad, desprecio por la verdad y servilismo ante intereses políticos, que amenaza la credibilidad y legitimidad de nuestras instituciones judiciales.

2. Esto es Justicia a la española, dicho de otra manera, espectáculo y desprecio institucional. Así lo acredita el momento escogido para la publicación del veredicto, nada menos que un 20 de noviembre, lo que trasluce una preocupante búsqueda de impacto mediático y simbólico, en vez del rigor jurídico que debería regir las decisiones judiciales. Hubieran evitado cualquier filtración, si es lo que querían lograr, dándola a conocer el 19 o el 21.

3. No es solo la fecha lo que resulta pintoresco, porque igual de pintoresco es que la sentencia se anuncia sin el respaldo de pruebas sólidas ni el redactado argumentativo que la sostenga, presentando al público un “spoiler” oficial filtrado por el propio tribunal.

4. Los actores políticos, no solo el gobierno, se han lanzado en una carrera de declaraciones incendiarias y acusaciones mutuas. Mientras Isabel Díaz Ayuso utiliza el caso para avivar la confrontación institucional y Feijóo denuncia conspiraciones interminables, el gobierno respeta pero no comparte, y el Supremo, lo pretenda o no, se ha enredado en una dinámica en la que la justicia parece estar al servicio de los intereses de un solo partido, y no de los principios democráticos.

5. La ausencia de pruebas, el desprecio por el testimonio de los periodistas y la precipitación mediática de la condena, nos muestran un modelo judicial más cercano a una performance política, @que al ejercicio honesto de la justicia. 

6. Ya ni se pretende emular la función notarial, sino que los jueces nos venden sentencias prefabricadas, que al no estar argumentadas, lo que hacen es que legitiman el castigo por motivos ajenos a las leyes, a la ética y a la decencia institucional.

7. Este veredicto sin argumentación y sin pruebas, lo quieran ver los jueces o no, marca un antes y un después en la percepción ciudadana de la justicia española. 

8. La impresión es que la arbitrariedad se eleva a doctrina oficial, el desprecio por la verdad a consigna de Estado y el servilismo institucional se convierte en la regla. 

9. La justicia, en vez de ser garante de derechos y libertades, se nos exhibe como un instrumento de destrucción de la reputación del fiscal, como un abuso de poder, y entregada a la propaganda y la manipulación.

¿Así queremos vivir hoy en España? Nos vemos humillados por un poder judicial que, lejos de cumplir su función, puede perpetuar el castigo de una condena sin argumentos. 

Urge reclamar, desde la sociedad civil y la opinión pública, un cambio profundo en nuestras instituciones, devolviéndoles la dignidad, la imparcialidad y el rigor perdido. 

Porque sin justicia decente, no hay democracia. Y sin democracia, nos quedaremos bajo el poder desnudo y miserable de unos pocos.

Esperemos que, al menos los argumentos de la sentencia, no se hagan públicos el 18 de julio, porque ya sería demasiado para el cuerpo.