“La región necesita menos solemnidad y más propósitos. Un Estatuto que devuelva a los ciudadanos la sensación de que su autonomía sirve para algo, para defender derechos, para fortalecer la democracia y para impedir que alguien nos haga perder el alma cómo ya casi sucedió”
Ahora que el nuevo Estatuto de Castilla‑La Mancha ha entrado en el Congreso, conviene detenerse un momento antes de que vuelva a oxidarse en el trámite parlamentario. Las reformas estatutarias, siempre tienen algo de reliquia, porque aparecen cada dos décadas, envueltas en tanta solemnidad que uno teme tocarlas, no sea que se deshagan en polvo constitucional. Pero en este caso no se trata de una curiosidad jurídica, sino del espejo en el que se mira una comunidad que quiso existir y, a ratos, parece dudar de su propia existencia.
Castilla‑La Mancha nació, literalmente, por ley. El fruto de un parto administrativo al amparo de la Constitución del 78, una matrona improvisada. Aquellos primeros diputados de Cuenca en 1977 representaban más una esperanza que una muestra de poder, puesto que apenas aspiraban a que alguien les dijera: “Sí, también vosotros sois región”. Pero, de pronto, lo fuimos. De aquella precariedad preautonómica, pasamos a las primeras Cortes de 1983, y después al esplendor burocrático de los años noventa, cuando tuvimos himno, bandera, universidad y hasta Defensor del Pueblo. Luego vinieron otras épocas, menos luminosas, con ajustes, recortes, desapariciones y silencios. La Cospedal (con perdón) nos dejó el Estatuto en carne viva y las instituciones tiritando. Desde entonces, vivimos entre restauraciones parciales y diversos compromisos sin fecha.
Hoy, el nuevo texto se presenta con aires de modernidad, aunque es inevitable que su estructura continue oliendo a boletín oficial. La sociedad ha cambiado y el Estatuto merece adaptarse a esos cambios sociales. En teoría, mejorará los derechos sociales y medioambientales, e introduce la novedad, que ya era hora, de proteger el medio rural y el agua, pero no concreta una apuesta decidida por reforzar el modelo de agricultura familiar que la raíz de supervivencia de nuestros pueblos.
Una ausencia en el Estatuto que es un tema fundamental y un clamor hoy día, garantizar el derecho a una vivienda digna como un bien básico, no cómo un bien de mercado. Y un hueso duro de roer que permanece: seguimos con solo 33 diputados. Somos, estadísticamente, la región con menos representación democrática del Estado, lo que no es precisamente una marca de eficiencia, aunque algunos lo quieran vender así. Por defecto profesional yo lo entiendo cómo anemia democrática.
Una ausencia en el Estatuto que es un tema fundamental y un clamor hoy día, garantizar el derecho a una vivienda digna como un bien básico, no cómo un bien de mercado. Y un hueso duro de roer que permanece: seguimos con solo 33 diputados. Somos, estadísticamente, la región con menos representación democrática del Estado
Aumentar el número de diputados no es una extravagancia parlamentaria, sino una cuestión de voz. No se trata de dar espacio a más partidos, sino de devolver voz a comarcas históricamente silenciadas. ¿Cómo se representa una región tan extensa, tan dispareja, con un puñado de escaños amontonados en Toledo? Si en los años ochenta cabían 44, ¿por qué no ahora? Lo sensato sería recuperar esa pluralidad y, ya de paso, abrir las ventanas del edificio a más cuestiones: presupuestos participativos, consultas ciudadanas, o iniciativas populares con menos burocracia. No es una petición disparatada, porque así lo que hacen en Europa regiones cómo Baviera, o la Emilia‑Romaña, tampoco es magia, solo es poner en práctica la democracia.
Pero el auténtico examen de modernidad de un Estatuto está en los derechos sociales. No basta con proclamarlos, hay que blindarlos. Sanidad, educación, vivienda, dependencia, igualdad, introducir a colectivos invisibilizados como LGTBIQU+, garantizar el derecho al aborto por la sanidad pública. La historia nos ha demostrado que todas las conquistas en derechos que un día lo dimos por logradas, vimos cómo se tambalearon al primer empujón de “estabilidad presupuestaria”. El Estatuto debería decir con claridad que aquí los servicios públicos no son un gasto, sino una obligación constitucional, más aún en una región donde el hospital, la escuela o el transporte son la última frontera antes del abandono.
Mención aparte merece el agua, esa vieja herida que sufre toda la sociedad castellanomanchega. Habría que convertirla en un derecho estatutario con nombre y apellidos, lo que no es tan difícil si se da prioridad para consumo humano, sostenibilidad y solidaridad entre cuencas. Semejante medida no nos haría más ricos, pero sí más respetados. Y, sobre todo, evitaría que el Tajo siga convertido en una autopista líquida hacia levantes cercanos pero ajenos.
El Estatuto debería decir con claridad que aquí los servicios públicos no son un gasto, sino una obligación constitucional, más aún en una región donde el hospital, la escuela o el transporte son la última frontera antes del abandono
En materia institucional, el Estatuto pide cirugía fina. El Defensor del Pueblo, que desapareció entre recortes presupuestarios, debe resucitar. Y también nos convendría crear una Oficina de Evaluación de Políticas Públicas, aunque solo fuera para saber por qué algunas nunca se cumplen. Tampoco estaría de más endurecer el régimen de incompatibilidades y acabar con la vieja costumbre de repartir cargos como quien entrega regalos en una fiesta, pero que los han pagado otros.
Castilla‑La Mancha necesita mirarse mucho más al espejo europeo. No por vanidad, sino por supervivencia. Es urgente entender que la autonomía no consiste en que te transfieran competencias, sino en que las sepas administrar de manera inteligente. Un título dedicado a la acción exterior (cooperación interregional, innovación rural, energías verdes) no es un lujo, sino una herramienta estratégica.
Es urgente entender que la autonomía no consiste en que te transfieran competencias, sino en que las sepas administrar de manera inteligente
Y por último, la identidad. Ese asunto tan discutido y dejado de la mano de un dios menor. Castilla‑La Mancha tiene mucha más historia de la que se la presume y más cultura de la que se protege. El nuevo Estatuto debería reconocerlo, no para hacer turismo de archivo, sino para entender, de una vez por todas, quiénes somos.
Esta reforma es una buena noticia si se toma en serio. La región necesita menos solemnidad y más propósitos. Un Estatuto que devuelva a los ciudadanos la sensación de que su autonomía sirve para algo, para defender derechos, para fortalecer la democracia y para impedir que alguien nos haga perder el alma cómo ya casi sucedió. Porque, y bien lo sabemos, las regiones son cómo las personas, que pueden morir por muchas cosas, también de desidia.
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