El Gobierno ha aprobado la condonación de unos 83.000 millones de euros que las comunidades autónomas deben a la administración central, permitiendo así reducir su presión financiera, liberar fondos para presupuestos y pagar menos intereses. Aunque se presenta como una medida económica, responde principalmente a una demanda de ERC durante la negociación para la investidura de Pedro Sánchez.
Para que la condonación se haga efectiva, las comunidades deben pedirla. El PP ha decidido que sus gobiernos autonómicos no la solicitarán, argumentando que, aunque les beneficie, no la consideran aceptable, lo que genera un conflicto de coherencia ante la ciudadanía cuando falte dinero para servicios públicos.
La duda está en su aprobación en las Cortes generales, donde continúa la incertidumbre habitual de toda la legislatura, pues aunque la medida se ha anunciado, debe superar más trámites para aprobarse realmente.
El PP debe optar entre si mejora la economía de las CCAA en que gobierna para atender mejor a sus ciudadanos, o continúa en su acoso y derribo al gobierno y de paso demuestra que los servicios públicos que puede financiar con la quita en beneficio de quienes más lo necesitan, no les preocupan, o dicho de otro modo, lo que menos les preocupa es la gente a la que deben gobernar.
Blanco y en botella.
No hay comentarios:
Publicar un comentario