Estamos ante una complicada reforma del Estatuto Marco del personal sanitario en España, impulsada por el Ministerio de Sanidad, que, tras más de veinte años sin cambios, se enfrenta a un fuerte rechazo por parte de médicos, colectivos sanitarios y comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PP, cómo era de esperar.
La reforma, concebida para mejorar condiciones laborales, no cuenta con el apoyo del sector, que denuncia que se mantienen la precariedad y se han eliminado avances importantes, lo cual ha motivado nuevas huelgas y protestas. La oposición de los sindicatos es múltiple pero fragmentada: mientras unos reclaman un estatuto propio para médicos, otros priorizan la jubilación anticipada, la mejora de jornada y otras demandas generales.
El Ministerio, aunque ha cedido en algunas cuestiones, rechaza ciertos puntos por afectar a competencias de otros departamentos y ha descartado cambios estructurales clave. La reforma incluye mejoras puntuales en jornadas y derechos para determinados colectivos, pero rebaja expectativas iniciales como la mejora de retribuciones.
El malestar del colectivo sanitario es profundo, motivado no solo por el contenido de la reforma sino también por el clima general de cansancio profesional. Por si los impulsores de las protestas no se han dado cuenta, las dificultades del ministerio no terminarían con un hipotético acuerdo, porque aún faltaría lograr el respaldo suficiente en el Congreso y que las comunidades autónomas no diluyan la eficacia real de los cambios que aprobase.
Es innegable que existe un debate intenso sobre la reforma laboral sanitaria y las recientes protestas del sector. Se puede criticar critican que el Ministerio priorice medidas restrictivas (como las prohibiciones de fumar) en lugar de dialogar y negociar con sanitarios sobre sus condiciones laborales, reclamando más atención a sus demandas. Es innegable la dureza de nuestra formación como médicos y la fuga de talento que sufrimos por falta de incentivos, además de la necesidad del reconocimiento profesional y salarial de médicos y enfermeras. Pero tampoco se pueden esconder debajo de la alfombra Otros mensajes la dualidad de intereses público-privado, la competencia autonómica y las diferencias salariales y de funciones entre las categorías.
Lo que no sé es, si la parte del colectivo que sale a reivindicar todo esto hoy, piensa que los ciudadanos no ven que solo lo hacen según el color del gobierno que tenemos, mientras callan cuando gobiernan otras tendencias ideológicas. También deberían tener en cuenta el hartazgo por la situación general de la sanidad pública, la influencia que tienen los gobiernos autonómicos en el deterioro de condiciones de la sanidad y la necesidad de invertir, mejorar la contratación y defender una sanidad universal y pública.
Es innegable que son justas las mejoras reclamadas para los sanitarios, pero deberían poner por delante también eso que se llama coherencia y solidaridad sectorial que no parece existir.
Las protestas deben traducirse en defensa real del sistema ante cualquier administración estatal, autonómica y local, porque chirrían mucho, hechos cómo el silencio de las organizaciones que hoy impulsan la protesta ante cuestiones cómo los protocolos de las residencias de Madrid, o ahora ante la gran cagada de las mamografías en Andalucía. Tampoco exagerar las cifras de respaldo a la huelga ayudará a ver un colectivo que defiende datos reales.
Al final, el ciudadano de a pie, puede acabar pensando que todo el colectivo tienes solo un interés político determinado, que unos verán bien y otros no; o que todos pensamos igual cuando solo es una parte, importante si, pero solo una parte del colectivo sanitario los que lo ven así. Eso solo puede traer el rechazo a todo el colectivo, cuando no todos pensamos que la solución sea huelga tras huelga.
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