Ciertos jueces se dedican a intentar “hacer golpes de estado judiciales” para perjudicar al Gobierno legítimo de España, y su actuación judicial estaría motivada políticamente. Lo último de Peinado es una falta de respeto al artículo 18 de la Constitución Española sobre el secreto de las comunicaciones. Si esto no es la prueba de que existe un trato discriminatorio según la simpatía política de los implicados en los casos judiciales, no se que más hace falta.
Un ejemplo de que hay dos maneras de actuar. Nadie se interesa en la judicatura por los presuntos casos de malversación y falta de productividad de un funcionario, Miguel Bernard, en el Ayuntamiento de Madrid, quien habría cobrado cerca de 10.000 euros mensuales durante más de 25 años sin desempeñar funciones municipales asignadas, protegido por el Partido Popular y dedicándose a actividades ajenas a su puesto. Preguntaros ¿Qué le ocurriría a cualquier funcionario municipal que se pasara su jornada laboral sin realizar las tareas asignadas, junto con sus dos secretarias? En el local donde trabajaban no se realizaba ningún trabajo municipal; se dedicaban a actividades sindicales y asuntos personales. ¿Existirá protección política y falta de control por parte de los responsables del Ayuntamiento?
Aunque a ellos no les guste que se diga, en la justicia, ciertos jueces no son imparciales y actúan con intereses políticos. Comparen el tratamiento judicial recibido en casos relacionados con funcionarios y políticos de diferentes partidos, y comprobarán que existe un doble rasero en la obtención de información privada (correos y móviles) y en las investigaciones judiciales.
Y si no se quiere ver esto, no hay problema. Pero si quieren comprobarlo, hagan un ejercicio de imaginación. Piensen que sucedería si a cualquier ciudadano de a pie, sin medios de defensa, se le tratase cómo se está haciendo con la mujer del presidente ¿Cómo podría defenderse? Les aseguro que estaba condenado antes de que le investiguen.
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