Primero nos enteramos de que el Partido Popular (PP) había respaldado recientemente propuestas de Vox para que en Madrid se informe obligatoriamente a las mujeres, por parte de personal sanitario y social, sobre el llamado “síndrome post aborto”, un supuesto trastorno carente de evidencia científica que asocian con consecuencias como alcoholismo, agresividad o depresión tras una interrupción voluntaria del embarazo. Esta postura coincide con varias ocasiones previas en las que el PP se ha sumado a iniciativas antiaborto impulsadas por la extrema derecha, contribuyendo a la difusión de un discurso propio de sectores ultracatólicos, en España y fuera de ella, destinado a dificultar el derecho al aborto. La medida implica que trabajadores de centros de salud municipales informen verbalmente y por escrito sobre este supuesto síndrome, a pesar de la falta de respaldo científico.
Y luego nos enteramos que ayer el PP ha vuelto a intentar frenar que el derecho al aborto figure en nuestra Constitución. Históricamente, el Partido Popular (PP) y su antecesora, Alianza Popular, se han opuesto sistemáticamente a los avances en la despenalización y reconocimiento del aborto como derecho en España, desde los 80 hasta la actualidad. Aunque tras la legalización parcial de 1985 la derecha acató la ley a regañadientes, cuando gobernó, favoreció restricciones como la objeción de conciencia de los médicos y limitaciones en la sanidad pública que dificultaban el acceso al aborto. Con la reforma de 2010, el PP intensificó su oposición, agitó la movilización social y presentó recursos judiciales, reafirmando su visión de que “el aborto no es ni puede ser nunca un derecho”.
Durante el mandato de Rajoy, el intento de Gallardón de restringir aún más la ley fracasó ante la fuerte contestación social, resultando en su dimisión. El partido osciló entre posiciones conservadoras y liberales, pero también mostró falta de cohesión y ausencia de una postura oficial clara en el tema. En 2023, el Tribunal Constitucional ratificó la constitucionalidad de la ley de plazos y el líder del PP, Feijóo, reconoció el aborto como un derecho legal, aunque en el partido persisten voces opuestas y contradicciones públicas. En la práctica, en regiones gobernadas por el PP se siguen colocando obstáculos al acceso, y se han impulsado medidas como la información de falsos síndromes y la exigencia de escuchar el latido fetal, iniciativas vistas como coacción por los movimientos feministas.
Finalmente, ante la propuesta de blindar el derecho al aborto en la Constitución, el PP ha mostrado rechazo, reafirmando su dificultad histórica para asumir como propio un derecho respaldado mayoritariamente en la sociedad española.
La postura del PP ahora es claramente criticable, porque está alimentada por la hipocresía y el cinismo oponiéndose al aborto desde lo público, mientras tolera o facilita su acceso en clínicas privadas, lo que claramente beneficia intereses económicos privados que es el único eje transversal de toda su ideología.
Claro que no debería llamar la atención que so lo haga un partido retrógrado, corrupto, incompetente y defensor de postulados antiguos vinculados al franquismo o al nacionalcatolicismo, y una gestión insensible a desastres pasados. Viven en un a incoherencia interna como partido y cada vez es mayor su supeditación a poderes religiosos y dogmáticos que le impiden avanzar en derechos sociales como el aborto, la muerte digna o la igualdad. No aprenden y siguen con su resistencia a cualquier cambio social.
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