ESTO ES ESPAÑA, ¿Qué se había creido usted?
El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido que el juicio contra el fiscal general del Estado, que comenzará el 3 de noviembre, no será retransmitido en directo ni por internet. La decisión ha sido tomada sin consulta previa a las partes implicadas.
El Supremo argumenta que la publicidad del proceso queda garantizada mediante la presencia de 150 periodistas que podrán grabar y difundir las imágenes y el sonido a través de sus medios. Sin embargo, esta medida contrasta con otros juicios de gran relevancia (el del *procés* o los de la Audiencia Nacional relacionados con terrorismo o corrupción) que sí fueron emitidos en streaming.
Fuentes del Alto Tribunal justifican la decisión en la necesidad de evitar una exposición mediática excesiva y de proteger la intimidad del acusado. No obstante, la falta de consulta previa genera críticas entre juristas, que recuerdan que el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal exigiría oír a todas las partes antes de decidir sobre la retransmisión de un juicio.
Expertos y magistrados eméritos han cuestionado la postura del Supremo, tanto por no escuchar al acusado ni a las acusaciones, como por la escasez de pruebas tras meses de instrucción. El caso tiene un fuerte contenido institucional, al implicar al máximo responsable del Ministerio Público, y reabre el debate sobre la transparencia y la publicidad de los juicios cuando afectan a altos cargos del Estado.
En cualquier caso, el tribunal asegura que el proceso será público: se permitirá captar la señal institucional de vídeo y audio, y se reserva espacio para 20 periodistas dentro de la sala, mientras otros 150 seguirán las sesiones desde dependencias habilitadas en el propio Supremo.
Parece que la transparencia judicial también tiene su propio modo “privado”: visible solo para periodistas acreditados y, por supuesto, para quien sepa leer entre líneas.
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