El trigésimo quinto aniversario del Consorcio Provincial de Consumo de Albacete, hoy denominado Servicio Provincial de Atención Ciudadana y Consumo de Albacete, debería invitar a reflexionar sobre el valor de una iniciativa que, en su día, fue pionera y hoy representa un modelo consolidado de servicio público al ciudadano.
Lo que comenzó en 1990 como un pequeño proyecto provincial orientado a la defensa de los derechos del consumidor, se ha transformado en un sistema eficaz y cercano que atiende a 75 municipios, muchos de ellos rurales, salvando con su estructura desigualdades históricas en el acceso a la protección y la información.
Resulta fácil valorar los aciertos con el paso del tiempo, pero conviene recordar que en los primeros años de la década de 1990 hablar de políticas de consumo en el ámbito local era casi una osadía. La creación del Consorcio Provincial de Consumo de Albacete supuso apostar por una idea avanzada: que los derechos de los consumidores formaban parte esencial de la justicia social y de la igualdad entre territorios. Fue una iniciativa que entendió el consumo no como un simple acto económico, sino como un ejercicio de ciudadanía.
Tres décadas y media después, las políticas de consumo se han convertido en una pieza estructural del Estado del bienestar. Gracias a ellas, la mediación ha sustituido al conflicto, la transparencia ha ganado terreno a la opacidad comercial y la educación al consumidor se ha integrado en la cultura cívica. El Consorcio albacetense ha sido ejemplo de esta evolución, destacando por su profesionalización, su atención personalizada y su capacidad de innovación: el servicio de telepresencia, que permite la atención directa mediante videollamada, ha reducido la brecha digital en las zonas rurales y colocado a la provincia en la vanguardia de la administración cercana e inclusiva.
El tiempo ha confirmado lo que algunos intuimos hace 35 años: que la defensa del consumidor era, en realidad, una defensa de nuestra democracia. Cada reclamación atendida, cada conflicto resuelto o cada euro recuperado en favor de los ciudadanos (más de 1,5 millones solo en 2024), son el testimonio del impacto real de esta política pública. Cuando los responsables de la Diputación provincial en aquellos momentos apostamos por su creación intentábamos ver más allá de la simple coyuntura administrativa y creo que se supo anticipar una necesidad social que hoy resulta incuestionable.
El reconocimiento nacional que este año ha recibido el Consorcio, el Premio José María Roncero al Mejor Proyecto de Protección del Consumidor, además de su inclusión entre las Mejores Prácticas en materia de Consumo de 2022 por el Gobierno regional, es algo más que una distinción institucional: es una validación colectiva, una forma de decir que la constancia, la innovación y la sensibilidad social dan frutos. La entidad, hoy integrada en el Consorcio de Atención Ciudadana, demuestra que una gestión basada en la proximidad y la equidad territorial puede ser también sinónimo de modernidad y de eficacia.
En definitiva, este aniversario no celebra solo una fecha, sino una convicción: la de que los derechos de los consumidores son una parte esencial del progreso social. Y que, en Albacete, hace 35 años, hubo quienes comprendieron que protegerlos era construir una provincia más justa, más consciente y humana.
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