Al final ha ocurrido lo que antes incluso de la instrucción ya nos avisó MAR que iba a suceder. ¡Palante¡ y el juez procesa al fiscal general del Estado por la filtración del correo del novio de Ayuso. Lo hace tanto al fiscal general del Estado, como a la fiscal jefe provincial de Madrid. Motivo, un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de un correo electrónico del abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este correo contenía información sensible sobre la negociación de un posible pacto con la Fiscalía y el reconocimiento de dos delitos de fraude fiscal por parte del novio e España.
Aunque no existen pruebas directas que señalen al fiscal general, el juez instructor considera que hay indicios suficientes para situarlo detrás de la filtración. El juez sostiene que, supuestamente, el fiscal actuó siguiendo "indicaciones recibidas" de la Presidencia del Gobierno y que la filtración se produjo para contrarrestar informaciones publicadas en prensa sobre la investigación. Lo cierto y verdad es que al parecer, ya con que el juez lo pueda suponer, es suficiente para ir al banquillo. Es curiosa la doble vara de medir, aquí te sientan por suponer, pero no se puede suponer que significa M. Rajoy. Que el correo filtrado formaba parte de una conversación privada entre abogado y fiscal, protegida por la confidencialidad profesional, nadie lo discute, cómo tampoco es discutible que los periodistas han acreditado tener el correo en su poder antes de que se enviase al fiscal.
La defensa del novio basa su acusación en un informe de la UCO que señala la "participación preeminente" del fiscal general en la filtración y en la declaración de la fiscal superior de Madrid, quien relató una conversación con García Ortiz sobre la filtración. También destaca el borrado de los móviles y correos electrónicos de García Ortiz como un intento de ocultar información relevante para la investigación.
La fiscal jefe de Madrid, ha solicitado el archivo de la causa, argumentando que el secreto de las comunicaciones se rompió cuando el propio entorno de Ayuso divulgó el contenido del correo. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, ha admitido que difundió uno de los correos a los medios, aunque asegura desconocer el origen de este. Y el novio de España ha declarado que tanto el correo de confesión como la filtración se hicieron sin su consentimiento.
Ahora el juez ha dado un plazo de diez días a las partes para que presenten escrito de acusación, soliciten el sobreseimiento o, de forma excepcional, pidan la práctica de diligencias adicionales. La investigación sigue abierta y las partes pueden solicitar nuevas actuaciones antes de decidir si se abre juicio oral.
Se respira una indignación generalizada ante la actuación del juez Hurtado. Puede que presuntamente sea prevaricación, parcialidad y una actuación como brazo judicial de la derecha y la extrema derecha (PP y Vox). La falta de pruebas en la imputación del Fiscal General del Estado huele a “golpe de Estado judicial” o “golpe blando”, porque todo apunta a que la justicia está siendo instrumentalizada para atacar al gobierno por tierra mar y aire.
No es de extrañar que muchos comentarios en redes hablen hoy de una justicia que está dominada por una “mafia” de ideología reaccionaria, y de que la democracia está en peligro.
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