Primero pide al Supremo que impute a Bolaños por la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Pero no se queda ahí, sino que afirma que ante las “evasivas” del ministro “sólo cabría haber acordado” un registro en la Moncloa para incautarse de la documentación sobre la asistente, aunque admite que es una medida “contraria al principio de proporcionalidad” y plantea que la lleve a cabo el alto tribunal.
Pocas dudas pueden quedar de que el juez Peinado actúa de forma parcial, extravagante e incluso puede que prevaricadora. Su supuesta vinculación con la derecha política (especialmente el PP y Vox) hace cuestionable su integridad. Su instrucción del caso contra Begoña Gómez es una persecución política y una maniobra para dañar al Gobierno por tierra mar y aire.
Pero, sobre todo, lo llamativo es que pueda seguir actuando sin que nadie le llame al orden. Eso está generando un sentimiento de desconfianza hacia el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a los que su silencio convierte en instrumentos políticos más que en garantes de la justicia, porque permiten que continúe con la “caza” de miembros del Gobierno.
Lamentable la politización de la justicia y la pérdida de prestigio de las instituciones judiciales, lo que está generando una profunda desafección ciudadana y descrédito institucional. Los jueces deberían responder por los costes de instrucciones infundadas y alguien debería tomar medidas para controlar los excesos judiciales.
Indignación, ironía y hartazgo. Parcialidad, corrupción, nepotismo. Y sobre todo un doble rasero, en una persecución al gobierno de manera obsesiva y sin base legal sólida. Una actuación que debería avergonzar a la judicatura y que está dañando gravemente la imagen de la justicia española, tanto dentro como fuera del país.
Esta situación empieza a pedir a gritos una movilización ciudadana, protestas y reformas más profundas en el acceso y funcionamiento de la carrera judicial, porque podría ser necesaria una evaluación psicológica previa de los aspirantes, y que los jueces rindan cuentas por sus actuaciones, porque están generando un sentimiento de impotencia ante lo que es un deterioro democrático.
No es coincidencia que se intente imputar al ministro de justicia cuando los jueces se declaran en huelga. Nada sucede por casualidad
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