“De ser vista en el pasado como un problema ligado a la exclusión social y la pobreza, reflejo del 'barraquismo' como respuesta a la falta de vivienda digna, hoy se percibe como una amenaza criminal sobredimensionada”
La percepción pública sobre la ocupación de viviendas en España ha sufrido una profunda transformación. De ser vista en el pasado como un problema ligado a la exclusión social y la pobreza, reflejo del “barraquismo” como respuesta a la falta de vivienda digna, hoy se percibe como una amenaza criminal sobredimensionada en el imaginario colectivo. Esta distorsión está alimentada por narrativas mediáticas y políticas que capitalizan el miedo social.
Sin embargo, la realidad ofrece una perspectiva radicalmente distinta. Los datos muestran que solo una ínfima parte de las viviendas están ilegalmente ocupadas (un 0,057% en 2023). Esto significa que afecta a menos de 6 por cada 10.000 habitantes. En contraste, encuestas recientes revelan que más de la mitad de los españoles cree que la ocupación afecta a uno de cada dos ciudadanos, una percepción que es 893 veces mayor que la realidad. Esta enorme brecha evidencia el impacto del discurso del miedo y la desinformación.
La ocupación en cifras reales
En 2024, las denuncias por ocupación ilegal repuntaron un 7,4%, sumando 16.426 casos conocidos por las Fuerzas de Seguridad. Este fenómeno afecta aproximadamente al 0,06% del parque inmobiliario nacional, que cuenta con unos 27 millones de viviendas. La inmensa mayoría de los casos (alrededor del 93-95%) corresponden a la usurpación de viviendas vacías. Solo entre el 5% y el 7% afectan a viviendas habitadas o segundas residencias (allanamiento de morada).
Tras un pico en 2021 (17.274 denuncias), las cifras bajaron en 2022 y 2023, para volver a subir en 2024. El plazo medio para obtener una sentencia de desalojo en vía civil ronda los 12 meses, pudiendo acercarse a los dos años en algunas comunidades autónomas. Cataluña concentra el mayor número de denuncias, con 7.009 en 2024 (el 42% del total nacional), seguida de Andalucía (2.207), Comunidad Valenciana (1.767) y Madrid (1.451).
Castilla-La Mancha: una realidad menos alarmante de lo percibido
En Castilla-La Mancha, la preocupación por la vivienda es alta, especialmente entre jóvenes y familias vulnerables, pero la percepción de la ocupación también es errónea, como en el resto de España. Los datos de la región muestran una situación contenida en comparación con las comunidades más afectadas, aunque presenta una tasa de ocupación ilegal comparable a la media nacional (alrededor del 0,06%).
En 2021, se registraron 753 ocupaciones en la región. En 2022, la tendencia fue a la baja, con 458 ocupaciones de enero a julio, un 7,29% menos que en el mismo periodo de 2021. Las provincias más afectadas son Toledo (con más de la mitad de los casos regionales), seguida de Ciudad Real, Albacete, Guadalajara y Cuenca. La mayoría de las ocupaciones en Castilla-La Mancha afectan a viviendas vacías, propiedad de bancos o fondos de inversión: hasta un 90% según informes policiales regionales. Aunque la provincia de Toledo presenta cifras similares a otras zonas con incidencia, se concentra principalmente en viviendas vacías de grandes tenedores. La tendencia reciente en la región apunta a una cierta estabilización o descenso, a diferencia del repunte nacional de 2024.
Respuesta legal en Castilla-La Mancha
Ante la creciente preocupación, Castilla-La Mancha fue pionera en España al aprobar una ley específica contra la ocupación ilegal en diciembre de 2020. Esta normativa buscaba dotar a los municipios más afectados de herramientas legales para una actuación más rápida. Contempla la posibilidad de que los juzgados decreten el desalojo inmediato en un plazo máximo de 48 horas desde la denuncia. Busca agilizar procedimientos que antes podían demorarse meses o años. Agrava las penas si hay violencia o intimidación. Introduce agravantes para las mafias organizadas. Permite que la policía denuncie directamente con el atestado, sin esperar la denuncia formal del propietario. Prevé atenuantes para casos de vulnerabilidad social.
La raíz del problema: el incumplimiento del derecho a la vivienda
A pesar de las medidas legales contra la ocupación, el fenómeno solo puede tener solución con el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda digna y adecuada reconocido en el artículo 47 de la Constitución Española. Este artículo impone a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer normas para hacerlo efectivo, regulando el suelo para impedir la especulación. Sin embargo, este derecho no es considerado un derecho fundamental, sino un “principio rector de la política social y económica”. Esto implica que su garantía depende de la acción legislativa y de políticas públicas, y no es directamente exigible ante los tribunales como los derechos fundamentales.
Por ello, hacer efectivo el derecho a la vivienda debe ser un objetivo prioritario de la política pública. Se necesita desarrollo legislativo y acción de las administraciones competentes. En este contexto, una ley contra la ocupación, aunque útil, se queda en un instrumento secundario para quien necesita un techo. La especulación inmobiliaria y la falta de acceso a la vivienda son señalados como el verdadero problema de fondo. Abordar estas cuestiones, como regular la vivienda protegida para que nunca deje de serlo y no permitir su uso turístico, son pasos necesarios. La peor decisión en política es la que no se toma.
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