¡Atención, ciudadanos! Preparen sus togas, o al menos sus palomitas, porque la Justicia española vuelve a brindarnos un espectáculo digno de la mejor tragicomedia. Nuestras veneradas Asociaciones judiciales de corte "conservador" nos obsequian con una nueva huelga de tres días, un "paro histórico" –el sexto de la democracia, para ser exactos–, todo sea por esa tan cacareada "independencia judicial". Pero ¿es realmente la independencia lo que está en juego, o más bien la comodidad de unos pocos? Permítanme desgranar las "razonables" objeciones de Sus Señorías.
¡La inaceptable democracia en el acceso a la judicatura! Es el primer punto de discordia, y quizás el más enternecedor, es la propuesta gubernamental de conceder BECAS DE ESTUDIO a los opositores a juez o fiscal. ¡Piense usted, querido lector! ¿Cómo se atreve el gobierno progresista a proponer que cualquier ciudadano, incluso aquellos sin un linaje acaudalado o una cuenta bancaria abultada, pueda aspirar a la toga? ¡La idea de que la capacidad económica no sea un filtro de entrada es, sencillamente, ofensiva para el elitismo judicial que tan bien nos ha servido! Que se preparen los futuros juristas con lo puesto, ¿o acaso es que la escasez no agudiza el ingenio?
¡El escándalo de los Jueces "Sustitutos"! Luego tenemos el drama, que digo drama, dramón de los JUECES SUSTITUTOS y MAGISTRADOS SUPLENTES, esas pobres almas que, para horror de algunos, podrían acceder a la carrera judicial mediante un concurso-oposición. Lo que omiten los huelguistas, con una delicadeza digna de mejor causa, es que a estos profesionales no los nombra el Gobierno, ¡sino el mismísimo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)! Y, para rematar la faena, son los únicos que pueden ser cesados, careciendo de esa "inamovilidad" tan preciada. Quien los puede cesar, además, ¡es el propio Poder Judicial! ¿Atentar contra su independencia? No, si acaso, darles la estabilidad de la que carecen por diseño del propio sistema judicial. ¡El horror! Que la estabilidad no arruine el precario equilibrio del poder.
¡Adiós al "Preparador" de Confianza (y quizás "en B")! Porque, por si fuera poco, el malvado gobierno propone un "CENTRO PÚBLICO DE PREPARACIÓN DE OPOSITORES". ¿Se imaginan la desfachatez? Eliminar la necesidad de contratar a un "preparador" privado, generalmente jueces y fiscales de carrera, que, previo "abono mensual de una retribución (en algunos casos, en 'B')", facilitan apuntes y escuchan el "cante" de los temas. ¡La privatización de la preparación, esa dulce tradición, se ve amenazada! Es evidente que una formación estandarizada y pública es una afrenta directa al "conocimiento oculto" y al "secreto" del éxito en la oposición. ¿Qué será lo próximo? ¿Que la justicia sea transparente?
¡La Absurda Idea de un Examen Escrito! Pero la joya de la corona, el colmo de la insolencia gubernamental es la propuesta de introducir una PRUEBA ESCRITA EN LA OPOSICIÓN A JUEZ O FISCAL. ¡Un examen escrito! ¿Para qué, si lo importante es la memoria pura y dura? Según los ilustres huelguistas, ser juez o fiscal es una cuestión "estrictamente memorística". ¡Repetir como un "papagayo" un tema en catorce minutos, sin importar si se comprende o no, es el verdadero arte de la judicatura! ¿Para qué la reflexión, el análisis, la capacidad de argumentación escrita, si se puede recitar el programa como si de un mantra se tratase? La Justicia, después de todo, es un eco, no una voz propia.
¡Una huelga "a coste cero": un paraíso legal propio! Y para añadir un toque de genialidad a esta farsa, resulta que la huelga es "a coste cero". Mientras el común de los mortales ve su salario descontado por cada día de paro, nuestros "intocables" jueces y fiscales parecen estar por encima de tales nimiedades. ¡El ministerio de Justicia intentó descontarles el salario en 2018, pero la Audiencia Nacional, en un giro magistral, falló que el Ministerio no era "competente" para hacerlo! Y, para deleite de los huelguistas, el CGPJ, que sí tendría competencias en otras retribuciones, se limita a informar de quiénes han secundado la huelga, pero "no adopta acuerdo alguno" sobre las nóminas, ¡porque "no tiene competencia en materia salarial"! Es decir, la huelga está en un "limbo legal", un "paraíso resquicio" donde ellos mismos fijan los servicios mínimos y no pierden un euro. ¡Qué maravilla ser "garantes de la justicia" y, al mismo tiempo, operar cómodamente fuera de la legalidad que se aplica al resto!
En definitiva, que mientras se clama por la "independencia judicial" y la "separación de poderes", los motivos de esta huelga parecen apuntar más bien a la defensa de privilegios, la endogamia y la resistencia a cualquier atisbo de democratización o modernización en el acceso y funcionamiento de la Justicia. ¿Será que la verdadera independencia que defienden es la de no tener que rendir cuentas económicas por sus paros, ni la de permitir que cualquier ciudadano, por mérito y capacidad, acceda a sus filas?
La ciudadanía, atónita, observa cómo quienes deben impartir justicia se envuelven en una cruzada que, para muchos, huele más a defensa corporativa que a principios democráticos. Si estos son. Y mientras el ciudadano calla, que ya tiene bastante con tener que quejarse del gobierno.
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