El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso presentado por el Partido Popular y ha avalado la ley de amnistía relacionada con el Procés. La decisión se ha tomado con seis votos a favor de los magistrados progresistas y cuatro en contra de los conservadores. El tribunal considera que la ley es compatible con la Constitución, que su tramitación parlamentaria fue correcta y que no constituye un indulto general. Aunque el tribunal señala algunas objeciones menores, principalmente sobre la posibilidad de perdonar delitos cometidos después de noviembre de 2023, da luz verde al grueso de la ley, que ya ha beneficiado a más de 300 personas implicadas en causas judiciales del Procés.
Primero vimos a jueces y políticos que impulsaron condenas por rebelión y sedición en relación con actos considerados simbólicos, hoy siguen sin callar. Les importa un bledo lo que diga el Constitucional y tampoco que estos delitos no sean reconocidos por tribunales europeos que califican la acusación de exagerada e interesada. La ley de amnistía fue y es necesaria, no solo por la cuestión legal, sino por la normalización política en Cataluña, que es beneficiosa para la sociedad salvo para el PP, se permitió perseguir a líderes independentistas por interés político. Finalmente ha prevalecido la sensatez con la aprobación de la amnistía, a pesar de la oposición de sectores conservadores tanto en la judicatura como en la política.
El resultado de la votación en el Constitucional demuestra la connivencia entre el PP y ciertos jueces, y que estos insistan en acusaciones de malversación, mientras se acusa a otros de corrupción impune. La obsesión de algunos políticos es el poder y el enriquecimiento personal, que se lamentan de que desde el final de la dictadura no puedan gobernar ni beneficiarse sin pasar por las urnas. La reacción de sectores conservadores es la previsible, anticipando discursos alarmistas sobre la ley de amnistía y su impacto en la seguridad ciudadana. En política hay algo que se llama “los tiempos”, porque lo que antes era imposible puede hacerse realidad por necesidad u oportunidad. Hay un tufo irrespirable a hipocresía de quienes solo consideran democrática la justicia cuando la controlan, y se flagelan cuando se avanza hacia una democracia más inclusiva.
En cualquier caso, se acusa a los que creemos que en la judicatura hay jueces que se preocupan más por su ideología que por la justicia, de que criticamos a toda la justicia. Sin embargo cuando los tribunales les rechazan sus recursos, entonces es que los jueces están politizados, pero eso no es un ataque a la judicatura, eso es su derecho a la libertad de opinión.
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