La salud de una democracia se mide por la lealtad procesal ante las derrotas y no por la fortaleza de sus victorias. Lo que hoy atestiguamos con la alianza entre el PP y Vox, es que, tras el desgaste de la Ley de Amnistía, están utilizando la crisis de Ceuta como su nueva trinchera. En un caso y en otro se trasciende lo que es la mera oposición legítima: esto es una enmienda a la totalidad de las reglas del juego democrático y del resultado de las urnas.
El sábado acudirán de la mano a una concentración en Madrid que plantea un ultimátum para que Sánchez convoque elecciones antes del 15 de noviembre. El anuncio apoyado por PP y secundado por sectores ultras de lanzar un "ultimátum" que exija la convocatoria de elecciones, bajo la amenaza explícita de "paralizar el país" constituye un chantaje político inédito hasta ahora en nuestro país. Hablar de la "voluntad del pueblo soberano" para arrogarse una representatividad que no lograron en las urnas es una apropiación patrimonialista del Estado.
La derecha parlamentaria no actúa como leal oposición, sino como un actor de insurrección de baja intensidad que dinamita los procedimientos institucionales cuando estos no responden a sus intereses de poder.
Aún más grave es la deslegitimación sistemática del sistema democrático: sembrar dudas infundadas sobre la validez del censo electoral e instrumentalizar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad son tácticas harto conocidas del populismo derechista global para erosionar la confianza ciudadana.
Cuando la derecha asume el lema de "o elecciones o el caos", demuestra que no cree en la soberanía popular, sino en su propio derecho natural a gobernar. La presión social y la movilización son herramientas legítimas de la ciudadanía, pero utilizarlas para violentar los plazos constitucionales y forzar la caída de un Gobierno legítimo roza la subversión de la institucionalidad democrática.
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