Llevamos demasiado tiempo asistiendo a cómo la extrema derecha pretende monopolizar el concepto de "españolidad", reduciéndolo a una cuestión de banderas, consignas excluyentes y chovinismo de fachada. Frente a estos patriotas de pacotilla, la izquierda debe ser tajante: la verdadera soberanía y la única legítima reside en la aplicación rigurosa del Estado de Derecho. Ser español no es enarbolar un trapo; es garantizar que nadie, absolutamente nadie, esté por encima ni por debajo de nuestro ordenamiento jurídico constitucional.
Cuando trasladamos esta premisa una realidad tan complejas como Ceuta, la coherencia ha de ser innegociable. Defender el Estado de Derecho no es un menú a la carta. Implica exigir que la legislación en materia de extranjería e infancia se cumpla estrictamente (los menores no pueden ser devueltos de forma sumaria o indiscriminada sin una evaluación individualizada y formal de su situación) y además, implica asumir la máxima de que la ley es igual para todos. Quienes agreden a la autoridad, cometen actos violentos o queman bienes ajenos deben responder ante la justicia, al margen de su origen o estatus. La justicia es la base de cualquier pacto social democrático; la discrecionalidad o la arbitrariedad son el principio del autoritarismo.
Sin embargo, presenciamos con frecuencia alarmante, cómo ciertos sectores no reclaman justicia, sino impunidad selectiva: que la ley sea severa para el extranjero o el vulnerable, y que haga la vista gorda para quienes violan el orden democrático desde sus trincheras privilegiadas. Ese sesgo no solo erosiona la convivencia, sino que sustituye las garantías procesales por el linchamiento de parte.
La degradación moral alcanza su cénit cuando se impiden tareas de asistencia humanitaria básica. Detener el reparto de alimentos de Cruz Roja o acosar a quienes prestan auxilio vital a personas vulnerables no solo representa una infracción legal, sino que es un acto de profunda bajeza moral y falta de humanidad. La deshumanización del otro jamás puede normalizarse bajo la bandera del miedo o la ignorancia, aunque algunos se empeñen en hacerlo.
Quien atenta contra la vida, el bienestar básico y los derechos de cualquier ser humano vulnera la base sobre la que se asienta una sociedad civilizada. Frente a las pasiones desbocadas, la xenofobia o los vigilantes callejeros, debemos reivindicar la legalidad democrática como única herramienta defensiva más potente para los vulnerables y el único marco de convivencia posible.
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