La filtración sobre el presunto informe policial ocultado al Ministerio del Interior por el director general de la Policía respecto a la crisis migratoria en Ceuta vuelve a poner sobre la mesa la verdadera naturaleza del poder en el Estado español.
Contemplar este episodio no causa sorpresa, indigna. Es la constatación de que la ldenominada «guerra sucia», un lawfare de efectos demoledores, sigue a pleno rendimiento en las cloacas institucionales.
Conviene desgranar si no se trata de un artefacto mediático. La procedencia de la información, diarios afines a la derecha mediática más beligerante, exige guardar una lógica prudencia. No sería la primera ni la última vez que asistimos a la fabricación de un relato a medida para inflar la agenda de la oposición en momentos clave de la legislatura. Sin embargo, el fondo de la cuestión apunta a algo endémico, puesto que, si el informe existe y fue deliberadamente retenido por mandos policiales, no estamos ante una negligencia administrativa, sino ante un boicot político en toda regla ejecutado desde dentro de la propia estructura policial para erosionar al Gobierno . La máxima del «quien pueda hacer que haga» adquiere aquí una dimensión escalofriante.
Pero denunciar las maniobras de la derecha represiva e insidiosa no debe servir para la autocomplacencia. La posición en la que queda Marlaska es insostenible. Que un ministro del Interior se vea obligado a redactar una carta al director general de la Policía preguntando «qué hay de cierto en lo publicado por un medio digital proyecta un espectáculo de debilidad desconcertante. Denota una falta de control sobre su propio departamento que alarma y, a la vez, consolida la idea de que la democratización de los aparatos del Estado sigue siendo la gran asignatura pendiente de la Transición. Un ministro que no manda en su ministerio y al que sus propios subordinados puentean o ignoran deja de ser un activo político para convertirse en un lastre. Su cese se convierte en una necesidad de higiene democrática. Ni que decir tiene la del director general de la Policía.
Este episodio nos devuelve al complejo escenario de Ceuta, donde la desesperación humana se instrumentaliza sin escrúpulos. Reducir la crisis a un simple flujo de miseria o, por el contrario, a una impecable maniobra geopolítica de Rabat es caer en el reduccionismo. La pobreza y la falta de horizontes son el combustible real que empuja a miles de personas, pero es innegable que la dictadura marroquí utiliza esa desesperación como elemento de chantaje y presión hacia España y Europa.
El Gobierno no puede seguir acorralado entre la trampa que le está tendiendo la derecha mediático-policial y la pasividad de sus propios ministros. Si la izquierda quiere seguir gobernando no solo con el boletín oficial, debe acometer sin complejos la depuración de los sectores golpistas en las fuerzas de seguridad y asumir una política exterior firme que no permita a los ciudadanos confundir el pragmatismo con la sumisión.
Buen miércoles tengan ustedes
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