Cada inicio de Año Judicial se escenifica con una liturgia impecable en las formas. Pero también cargada de intencionalidad política en el fondo. Detrás de la solemnidad institucional y los rituales de apelar a la «mesura» y la «independencia», las intervenciones de la cúpula judicial en el Tribunal Supremo siempre acaban por trazar una linea clara: la defensa de un corporativismo que auto asumen como guardianes de la esencia del Estado frente a las mayorías democráticas de la soberanía popular.
El primer elemento de este discurso siempre es el blindaje corporativo mediante la deslegitimación por sistema de cualquier crítica. Presentar la actividad de los tribunales como una práctica aséptica y desprovista de sesgo no solo es una simplificación jurídica; es una operación de encubrimiento político. La alta magistratura en España no surge de un vacío sociológico, sino que tiene su origen en un reclutamiento histórico, en cómo es la estructura de acceso a la carrera judicial y en la inercia corporativa. Estos tres elementos han configurado un estamento con una marcada adscripción conservadora. Negar la existencia de tensiones ideológicas en las decisiones de la cúpula judicial bajo el manto de una "falsa neutralidad" es la forma más clara de sustraer al estamento judicial de la fiscalización pública.
En segundo lugar, se debe destacar la asimetría moral con la que se articula el llamamiento a la «prudencia». Mientras se exige al poder legislativo y al ejecutivo una contención casi contemplativa en sus declaraciones, el activismo judicial no encuentra ningún límite equivalente. Cuando el Poder Judicial utiliza su capacidad de interpretación normativa para condicionar o frenar el desarrollo de leyes tramitadas en el Congreso, no está ejerciendo un mero control de legalidad: está operando como un actor político con derecho de veto no electo.
Por último, esta escenografía pone de manifiesto la pugna entre dos formas de legitimidad: la legitimidad del formalismo procedimental de las togas frente a la legitimidad democrática nacida de las urnas. La realidad es que esa retórica de la estabilidad institucional busca desactivar la capacidad de transformación social de la política, y desplaza el eje de la soberanía del Parlamento al salón de plenos del Supremo.
No se trata de descalificar la función jurisdiccional, sino de desmitificarla. La independencia judicial es imprescindible para el Estado de derecho, pero no puede convertirse en un salvoconducto para el inmovilismo ni en un refugio aristocrático exento del escrutinio democrático.
Un país democrático no requiere magistrados infalibles ni intocables, sino instituciones transparentes y dispuestas a someter su papel en el aparato de Estado al debate social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario