Hoy Madrid ha amanecido con una escena que retrata la degradación ética e institucional de nuestro sistema político y económico. Maricarmen, una mujer de 87 años con una discapacidad del 50 %, ha sido expulsada por la fuerza policial de la vivienda del distrito de Retiro en la que ha residido durante los últimos 71 años. Siete décadas de vida y memoria barridas por el rodillo del capital inmobiliario y por la indolencia cómplice de algunas administraciones públicas.
El mecanismo de esta atrocidad es tan claro como perverso: un fondo de inversión, Urbagestión, pretendía imponerle un incremento del alquiler del 275 %, elevando la renta de 500 a 2.650 euros mensuales. Una cifra inasumible para cualquier pensionista y diseñada deliberadamente para forzar su expulsión. Ante el rechazo empresarial a cualquier aplazamiento o negociación, el brazo ejecutor del poder judicial ha actuado con la máxima contundencia contra los activistas y vecinos que intentaban ejercer la solidaridad comunitaria.
Este drama humano no ocurre en el vacío. Es el resultado directo de decisiones políticas bien concretas. En el plano estatal, la responsabilidad recae en una derecha bloqueadora que, de la mano del PP y Vox, votó en contra de la prórroga de los decretos de protección social frente a los desahucios. Al tumbar estas salvaguardas que impedían dejar en la calle a personas en situación de vulnerabilidad extrema, las fuerzas conservadoras y de extrema derecha dieron luz verde a los fondos buitre para ejecutar su botín.
Sin embargo, el marco local resulta aún más sangrante. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento capitalino, capitaneados por Ayuso y Almeida, han convertido a la región en un laboratorio de ultraliberalismo inmobiliario. En lugar de desarrollar un parque público de vivienda o aplicar las medidas de contención de rentas, ambas instituciones han optado por la inacción deliberada y la complicidad con el gran tenedor. Su modelo de «libertad» es, en la práctica, la impunidad del mercado para arrancar a una anciana en silla de ruedas de su hogar.
El desahucio de Maricarmen demuestra que cuando la vivienda se gestiona como un activo de especulación rápida en lugar de como un derecho constitucional, la democracia se vacía de contenido para dejar paso al salvajismo capitalista.
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