Los sindicatos médicos convocan huelga indefinida en todo el país a partir del 28 de octubre para reclamar a Sanidad un estatuto marco propio.
Como médico de familia que ha pasado algunas décadas en las trincheras de la Atención Primaria y a la vez conocedor de las mesas de gestión sanitaria, observo la convocatoria de huelga médica con un sentimiento tan ambivalente como doloroso. Entiendo el agotamiento de mis compañeros y reconozco la urgencia de sus mejoras. Sin embargo, analizando el trasfondo de este conflicto desde el rigor de la administración pública, resulta evidente que la motivación, la estrategia y el destinatario de esta protesta están profundamente errados.
El conflicto actual no se reduce a una disputa entre la ministra y el colectivo médico. Pretender reducirlo a un choque personalista invisibiliza un hecho institucional irrefutable: el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo sobre el nuevo Estatuto Marco con los cuatro principales sindicatos generalistas, los cuales ostentan la representación de cerca del 90% de la fuerza laboral del Sistema Nacional de Salud (SNS).
El rechazo a este consenso por parte de las organizaciones exclusivamente médicas responde a una visión corporativista. Exigir un "estatuto propio" para el colectivo médico ignora que la sanidad pública funciona como un engranaje multidisciplinar. Del mismo modo que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) integra bajo un mismo paraguas jurídico desde Abogados del Estado hasta Auxiliares Administrativos, el marco laboral de la sanidad debe dar cobijo de forma armónica a todas sus categorías profesionales, asignando a cada grupo la retribución y responsabilidad que le corresponde. Pretender romper esa unidad negociadora fomenta una fractura peligrosa y crea médicos de "primera y de segunda" en la relación con el resto de los trabajadores sanitarios.
Una de las mayores incoherencias de esta movilización es la confusión deliberada sobre el reparto de competencias. Las mayores reivindicaciones de la profesión médica (aumento de las cuantías de las guardias, retribución del complemento específico, estabilización del empleo y reducción efectiva de las cargas asistenciales diarios) son competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas.
Exigir al Ministerio de Sanidad decisiones presupuestarias y organizativas que atañen a los servicios regionales de salud no solo es jurídicamente inviable, sino políticamente tramposo. La actualización del Estatuto Marco a nivel estatal se encarga de definir la legislación básica, establecer los criterios de selección y fijar límites a la jornada asistencial, como la tan ansiada erradicación de las guardias de 24 horas. Sin embargo, la bajada a la arena presupuestaria para hacer realidad las 35 horas o actualizar los complementos específicos debe exigirse en las mesas sectoriales autonómicas. Es allí donde paradójicamente se están promoviendo privatizaciones y externalizaciones mientras se esquiva la responsabilidad ejecutiva.
En el plano retributivo, la demanda sobre la cotización económica de las guardias revela un profundo desconocimiento de la normativa de la Seguridad Social. La base máxima mensual fija un techo (situado en 5.101 €) sobre el cual ningún trabajador, sea cual sea su profesión, puede cotizar monetariamente más. Dado que la masa salarial del médico sobrepasa habitualmente esta base, resulta técnicamente imposible incrementar la aportación económica por el concepto de atención continuada.
Donde sí existe una reivindicación plenamente legítima y justa, y que debe recoger el marco normativo, es en el cómputo del tiempo efectivo trabajado durante esas guardias a efectos de acelerar el cómputo de años para la jubilación.
Asimismo, exigir la implantación de la jornada de 35 horas en el sector público para compaginarla sin trabas con la actividad en la sanidad privada resulta deontológica y administrativamente inasumible. La exclusividad y la dedicación al sistema público no son un castigo, sino la garantía fundamental del sostenimiento de la equidad asistencial.
Por si esos aspectos aún no se consideran suficientes para valorar la decisión en la práctica, desde la perspectiva de los usuarios, esta huelga corre el riesgo de percibirse con desconcierto y frustración al verse como las víctimas colaterales de un conflicto mal dirigido. Aunque la ciudadanía comprende el agotamiento del colectivo médico, puede resultarle difícil asimilar una protesta convocada bajo un tono corporativista que fragmenta al equipo de salud multidisciplinar, haciendo que parezca la búsqueda de un régimen de privilegios exclusivo frente a otros profesionales del sistema. Además, al exigirse en el Ministerio de Sanidad demandas presupuestarias y organizativas (como la carga asistencial o el pago de guardias) que son competencia directa de los gobiernos autonómicos, la huelga genera una confusión que la población puede interpretar como una estrategia políticamente tramposa, desviando la exigencia de soluciones reales de los verdaderos responsables regionales.
Atender el malestar médico es imprescindible para garantizar el futuro de nuestro modelo asistencial, pero la respuesta no puede pasar por el chantaje ni por atajos corporativistas que dinamiten la cohesión del sistema. Actualizar un Estatuto Marco tras más de tres décadas de parálisis es un paso valiente y necesario que debe celebrarse y consolidarse.
Compañeros médicos: redirijamos el esfuerzo. Abandonemos la quimera de un régimen privilegiado e inconexo y exijamos a nuestras respectivas Comunidades Autónomas la gestión presupuestaria de calidad que nuestros centros de salud y hospitales necesitan urgentemente.
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