La gestión de la crisis migratoria en Ceuta ha dejado de ser un problema de capacidad asistencial para convertirse en un ejercicio de cinismo político. La actuación del Gobierno de la Ciudad Autónoma encarna gran y sangrante paradoja: la exigencia permanente de auxilio al Estado mientras perpetúa el colapso como estrategia de desgaste y beneficio propio.
Al presidente ceutí los menores le importan, más o menos, en función de cuál sea su destino. Si es enviarlos a la península, como PP y Vox se oponen frontalmente, y es el Gobierno central quien le ofrece hacerlo, a Vivas le da un ataque de responsabilidad porque su Administración es quien tiene la tutela de estos menores. Sin embargo, esa cautela, desaparece si se habla de devolverlos a Marruecos.
Esa debe ser la causa por la que Ceuta ignora desde el 28 de agosto, una propuesta del Gobierno para acoger a 500 menores en la Península a través del Ministerio de Juventud e Infancia. Esta propuesta la remitió a la consejería competente de la ciudad autónoma en un documento en el que se detallan las plazas disponibles en una entidad social de la península, el protocolo a seguir para los traslados y el coste del operativo, que sería sufragado por la Administración central. Veinte días después, el equipo de Vivas aún no ha dado una respuesta al Ministerio.
La protección de los menores no acompañados no es un favor ni una concesión; es un mandato constitucional y un deber ético ineludible. Sin embargo, la administración ceutí ha preferido convertir su responsabilidad en una trinchera ideológica. Mientras su red de acogida la declara desbordada y el Ejecutivo local muestra un victimismo gloriosos ante los medios, la realidad material muestra que es el Gobierno de España quien sostiene económicamente el dispositivo, despliega los medios logísticos y asume la carga operativa real de la emergencia. Ceuta retiene las competencias de protección a la infancia para gestionar la foto y el discurso, pero externaliza las responsabilidades materiales hacia la administración central en cuanto surge la tensión.
La contradicción resulta aún más flagrante cuando se examinan los presupuestos. La emergencia humanitaria ha generado una inyección constante de fondos para hacerle frente y de subvenciones estatales. Lejos de traducirse en una red pública sólida y transparente de atención a la infancia, asistimos a su mercantilización: contratos de emergencia, derivaciones opacas y una gestión donde la privatización de servicios convierte los recursos públicos en una vía de extracción de rentas para entramados locales. Se socializa el coste y el sufrimiento de los menores mientras se privatiza la rentabilidad económica.
Pero el mayor bloqueo a una solución definitiva no está en la falta de espacio, sino en el cálculo partidista. Resulta insostenible que el Gobierno de Ceuta señale al Estado mientras su propia formación política en la Península frena de manera sistemática cualquier reforma legislativa vinculante, como la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que garantice el reparto obligatorio y solidario de menores entre todas las comunidades autónomas. Preferir el caos en la frontera para desgastar al Ejecutivo central antes que respaldar una solución estructural y solidaria es una irresponsabilidad política mayúscula.
Ceuta no puede seguir funcionando como un enclave donde se exige solidaridad para recibir fondos, pero se fomenta el bloqueo institucional para evitar soluciones duraderas. Mantener a cientos de niños y adolescentes en condiciones de hacinamiento para alimentar un relato de abandono es una flagrante dejación de funciones.
¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que todos los españoles podamos superar el chantaje competencial? ¿Se va a fiscalizar cada euro destinado a la infancia? ¿Qué necesitan los votantes del PP para asumir que la dignidad de los derechos humanos no se negocia desde el partidismo?
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