La violencia impune y el silencio de Defensa

Lo ocurrido hace apenas tres días en Ceuta que ha sido difundido en vídeos que documentan golpes y agresiones de miembros de las Fuerzas Armadas a migrantes ya reducidos, representa un cruce de líneas rojas intolerable en un Estado de derecho. No es una cuestión sobre gestión migratoria o capacidad de recepción, sino que estamos ante la vulneración flagrante de derechos humanos fundamentales por parte de quienes ostentan el monopolio de la fuerza.

La militarización de la gestión fronteriza entraña un riesgo, atribuir funciones de control y orden público a efectivos militares sin la formación, la naturaleza policial ni el marco legal adecuado para el trato con civiles vulnerables genera inevitablemente espacios de opacidad y desproporción. Las personas interceptadas en la frontera son titulares de derechos, independientemente de su situación administrativa o del contexto de tensión que se viva en la zona. La fuerza pública no puede transformarse en un instrumento de castigo ni en un desahogo.

Casi tan grave como la violencia en sí es la postura inicial del Ministerio de Defensa. El perfil bajo, la ambigüedad en las explicaciones y el intento de aplazar responsabilidades al amparo del "contexto" o la tensión fronteriza terminan por legitimar un clima de impunidad. Un Ejecutivo progresista no puede ponerse de perfil cuando la violencia la ejercen agentes de su propia administración. La tibieza institucional no solo revictimiza a los agredidos, sino que alimenta el discurso de la extrema derecha, que normaliza la deshumanización de las personas migrantes.

Y que nadie se confunda. Si algún militar es agredido, que el agresor sea detenido, juzgado y expulsado. Pero eso no está reñido con exigir la apertura inmediata de investigaciones judiciales, la depuración de responsabilidades disciplinarias y penales, y la desmilitarización del control migratorio en Ceuta y Melilla no es una postura ideológica radical: es el mínimo ético y democrático exigible para evitar que la frontera sur de España siga convirtiéndose en una zona de excepción normativa.