El drama del desahucio de Maricarmen de la que fue su casa durante más de siete décadas en Madrid, y la tragedia humanitaria en la frontera de Ceuta han sacado a la luz las vergüenzas de la jerarquía católica en España.
Mientras los movimientos sociales, sindicatos de inquilinas, la Hermandad Obrera de Acción Católica , Cruz Roja y cristianos de base hacían frente a la violencia policial y la codicia de un fondo buitre, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha optado por ser la “mudita” de esta lamentable situación.
Su silencio no es fruto de la distracción, sino de su cálculo político, de su frialdad. La Iglesia es una institución de matriz absolutista y dinámicas corporativas, y eso hace que su jerarquía acue con la lógica implacable de, antes que nada, preservar sus privilegios materiales y políticos.
La hipocresía se ha convertido en parte de su estructura. No me dirán ustedes que no es profundamente contradictorio que, mientras el Vaticano califica de "crisis humanitaria" la situación en la frontera sur y apela de manera insistente a la defensa de los derechos sagrados a "tierra, techo y trabajo", los prelados españoles se muestren con un perfil plano y temeroso. Resulta sangrante ver cómo una institución que ejerce como una verdadera potencia en el mercado inmobiliario y que ha sido beneficiada por inercias históricas y marcos legales como el de las inmatriculaciones, hoy le da la espalda de forma metódica a la vulnerabilidad.
Las excusas salidas de los pasillos eclesiásticos en los que aluden a un letargo por el viaje papal o a la prudencia ante un posible cambio de gobierno, revelan la verdadera naturaleza de su posicionamiento. No se trata de neutralidad ni de distancia evangélica; es mero oportunismo táctico. La cúpula episcopal prefiere evitar cualquier conflicto con las dinámicas del capital financiero y los fondos buitre, no solo porque comparte con la derecha socioeconómica la defensa férrea del modelo de propiedad privada especulativa (son un fondo buitre más), sino porque teme las represalias del bloque reaccionario si decide respaldar los mínimos éticos de la vivienda pública y el bienestar social. Además de interesados, cobardes.
El miedo de la jerarquía eclesiástica al señalamiento de la extrema derecha, que ya acusó a los sectores católicos comprometidos de confeccionar "un Evangelio a la imagen del PSOE" por el mero hecho de defender a una anciana desahuciada, demuestra hasta qué punto los obispos han supeditado su función pastoral a las dinámicas de la lucha partidista. Prefieren mantener intacto su entramado institucional, sus exenciones fiscales y sus conciertos antes que incomodar a los sectores financieros que convierten los barrios en activos especulativos.
Esta actitud contrasta drásticamente con la contundencia que la misma Conferencia Episcopal exhibe cuando se trata de movilizarse o presionar en cuestiones normativas de derechos civiles, feminismo o diversidad sexual. En esos frentes no dudan en alzar la voz; sin embargo, ante la expulsión violenta del hogar de personas vulnerables, la crueldad del mercado del suelo o la flagrante vulneración de tratados internacionales en materia de derechos humanos, prefieren agachar la cabeza.
La lección que nos deja este episodio es clara. Mientras las comunidades cristianas de base y las parroquias de barrio luchan codo a codo la comunidad, la alta jerarquía episcopal actúa como un actor político conservador dedicado a velar por sus propios intereses de clase. Sus solemnes risitas institucionales y sus ostentosas cruces en el pecho contrastan con el abandono de los más golpeados por la crisis de la vivienda.
Una vez más, cuando hay que elegir entre la justicia social y el poder económico, la cúpula eclesiástica siempre elige el capital.
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