La violencia institucional rara vez es neutra. Las diferentes imágenes que hemos visto de actuaciones policiales revelan un fenómeno estructural recurrente: el uso asimétrico y sesgado de la coerción que ejerce la policía según el signo ideológico de las protestas y de quienes sufren la agresión.
Cuando el aparato represivo interviene ante colectivos pacificos que defienden derechos sociales, como la lucha contra un desahucio, la fuerza tiende a aplicarse de forma desproporcionada. En cambio, ante agresiones o intentos de linchamiento dirigidos hacia militantes progresistas, activistas u ONG, se evidencia una pasividad o condescendencia alarmante. Esta selectividad demuestra que las fuerzas de seguridad no actúan como meros árbitros neutrales, sino como las garantes de las dinámicas de poder dominantes.
A esto se suma la deshumanización sistemática hacia las personas más vulnerables, como las personas migrantes. Las vejaciones relatadas en Ceuta y la falta de asunción de responsabilidades por parte de las instituciones gubernamentales y mandos militares, reflejan una impunidad profundamente arraigada.
Cuando el monopolio de la violencia se ejerce deliberadamente a ciegas, hacia los abusos de la extrema derecha, y con contundencia contra los movimientos populares, la democracia se queda vacía de contenido real.
El ministerio del interior y la dirección general de la policía deberían buscar una verdadera regeneración democrática para poner fin al sesgo ideológico en las fuerzas del orden y garantizar que la ley no sirva para la impunidad coercitiva.
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